Unidades de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua continuarán "ejerciendo soberanía” en aguas del mar Caribe, recuperadas por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de noviembre de 2012, sobre las cuales Colombia ejercía soberanía, confirmó hoy una fuente castrense.
El jefe de relaciones públicas e internacionales del Ejército nicaragüense, coronel Orlando Palacios, declaró hoy a la prensa que las pequeñas unidades de la Fuerza Naval continuarán vigilando una zona de más de 90.000 kilómetros cuadrados sobre los que Colombia ejercía soberanía hasta el 19 de noviembre del año pasado.
Palacios dijo que Nicaragua no se pronunciará sobre el reciente reforzamiento del poderío naval colombiano en aguas del Caribe, incluso en la zona que la CIJ otorgó a Nicaragua mediante un fallo de carácter definitivo sobre la zona en disputa con Nicaragua.
De acuerdo con informes divulgados por el gobierno colombiano, su fuerza naval fue reforzada con la incorporación de cinco embarcaciones de reacción rápida interceptoras. Según informaciones divulgadas por la prensa nicaragüense, las cinco lanchas de reacción rápida patrullarán, incluso, en aguas del mar Caribe afectadas por la sentencia de la Corte de La Haya.
"No diremos nada al respecto. El Ejército de Nicaragua se encuentra ejerciendo soberanía en las aguas recuperadas”, declaró a la prensa el coronel Palacios.
El Ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, declaró recientemente a la prensa que el reforzamiento de la Fuerza Naval de su país tiene como objetivo proteger los intereses históricos de los sanandresanos y de los colombianos.
El pasado 21 de febrero, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció durante un acto público en Managua que su gobierno no exigiría permiso previo a los pescadores sanandresanos o raizales para que faenen normalmente en aguas en las que ahora pertenecen al país centroamericano.
Ortega llamó al presidente de Colombia, Juan Manual Santos, a dialogar sobre los mecanismos a aplicarse para concretar la sentencia de la CIJ de La Haya que el gobierno no acepta por considerar que dicho tribunal incurrió “en omisiones, errores, excesos e inconsistencias” que el gobierno colombiano no podía aceptar. /DPA