Los suizos votarán este domingo en referéndum si inscriben en la constitución la obligatoriedad de promover plazas de guardería y centros de acogida extraescolar para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Además, deberán pronunciarse sobre si quieren acotar los salarios de los altos directivos de las empresas y sobre la intención gubernamental de delimitar las áreas construibles para preservar el espacio natural.
Los tres referendos son federales, por lo que los ciudadanos de todo el país deberán pronunciarse.
Según los últimos sondeos, sólo la propuesta sobre los sueldos, conocida como la iniciativa Minder -en referencia a Thomas Minder, el senador que la propuso- o como la "iniciativa contra los salarios abusivos", será aprobada por amplia mayoría.
A pesar de contar con la oposición de la patronal y de la mayoría de los partidos de derecha, tiene mucho apoyo popular, que se acrecentó la semana pasada con la polémica surgida tras el anuncio de que el presidente de la farmacéutica Novartis iba a recibir una indemnización de 58,4 millones de euros tras su salida de la empresa.
Este directivo renunció finalmente a la indemnización, pero el debate resurgió con fuerza y ganó vigor una propuesta que pretende que las remuneraciones de los dirigentes de las empresas sean sometidas al aval de los accionistas.
En el sentido opuesto ha ido el apoyo a la iniciativa para mejorar la conciliación laboral y familiar.
El proyecto indica que las autoridades deberán velar porque haya suficientes centros de acogida infantil, pero no los cifra ni establece ninguna obligatoriedad específica, a pesar de que existe una carencia de 125.000 plazas de guardería en el país.
Los opositores a la propuesta, la patronal y los partidos de derechas, argumentan que la familia forma parte del espacio privado y que no incumbe al Estado inmiscuirse y, de hecho, acusan a la propuesta de querer "estatizar a los niños".
Los que la sostienen argumentan la importancia de conciliar vida laboral y familiar, la necesidad de dar libertad a los padres (mayoritariamente a las mujeres) de poder optar entre cuidar a los hijos en el hogar o proseguir con la vida laboral, y también esgrimen la necesidad económica de que la familia necesite dos ingresos para vivir.
Con respecto a la iniciativa conocida como de "planificación del territorio", que pretende refrendar una propuesta de ley del gobierno, los aspectos económicos, tan apreciados por los helvéticos, vuelven a surgir: los oponentes esgrimen que costará millones de francos a los cantones que tengan que indemnizar a los propietarios cuyas tierras queden desclasificadas como construibles.
Al mismo tiempo, los propietarios que tengan tierras desclasificadas perderán el supuesto valor de venta de un terreno construible, e incluso las pymes que otorgaron como aval para un préstamo tierras construibles (un procedimiento común en Suiza) podrían verse abocados a la bancarrota.
Asimismo, los opositores argumentan que la ley será un freno al desarrollo económico de los municipios.
Para los impulsores de la iniciativa -gobierno, ambientalistas, campesinos y partidos de izquierda- la situación actual no puede durar porque cada año se construye una área equivalente a 22 kilómetros cuadrados y cada segundo se pierde un metro cuadrado de tierra cultivable.
A priori, según los sondeos, el texto debería ser aprobado, pero el número de indeciso no cesa de crecer. EFE