EFE
Una jueza de Guatemala resolvió hoy procesar por fraude a Sammy y a José Manuel Morales, hermano e hijo, respectivamente, del presidente del país, Jimmy Morales, por supuestamente haber ayudado a sustraer fondos del Estado simulando compras y eventos públicos.
La titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, dijo este miércoles que hay motivos suficientes para ligar a proceso por el delito de fraude a Sammy y José Manuel, y aseguró que los argumentos de la defensa para dictar falta de mérito "no se sustentan".
El hermano y el hijo del mandatario guatemalteco, detenidos este miércoles, están acusados de participar en tres adjudicaciones públicas irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP) en el año 2013 por un valor de más de 200.000 quetzales (unos 26.000 dólares), a pesar de que ellos no se beneficiaron económicamente.
Durante la lectura de la resolución, la jueza detalló cómo Sammy y José Manuel fueron partícipes de un fraude al Estado que se originó a partir de una "simulación especialmente preparada" con funcionarios de la entidad para beneficiar a Mario Estuardo Orellana López, exsuegro del hijo de mandatario, detenido hoy y quien también será procesado por fraude.
Según la investigación, el tío y el sobrino hicieron un "favor ilícito" a Orellana López para que lograra las contrataciones de servicios de tres eventos públicos, dos de los cuales nunca llegaron a realizarse.
Como pruebas de su implicación, arguyó De León, hay facturas emitidas a nombre de entidades que nunca prestaron los servicios, propuestas de servicios "falsas" de empresas que ni existen y movimientos bancarios que, por el momento, finalizan en Orellana, quien supuestamente recibió los tres pagos de los servicios.
La jueza, que lamentó que los tres implicados decidieran atenerse a su derecho de no prestar declaración y obedecer así a las "asesorías" de los abogados defensores, dijo que solo tiene la versión de la parte acusadora para dictar su resolución.
En este sentido, detalló que las facturas emitidas por servicios son documentos vinculantes, personales y contables que demuestran una "negociación comercial" y que no pueden ser usados por o para beneficio de "otras personas".
Además, refirió que José Manuel Morales, de 23 años, que consiguió las facturas en los tres eventos y que presentó las propuestas de las empresas para dar "apariencia de legalidad", utilizó, como número de contacto en el proceso, el teléfono de su casa familiar, a nombre del ahora presidente, Jimmy Morales, y el que un día fue su número de teléfono móvil.
La jueza lamentó la falta de "habilidad" de los implicados para documentar correctamente las anomalías y dijo que en esta "simulación preparada" pudo "más la ambición", que llevó a involucrar a otras personas que "voluntariamente aceptaron".
La Fiscalía pedía además imputar el delito de lavado de dinero a Sammy y Orellana, algo sobre lo que la jueza dictó "falta de mérito" al entender que no había indicios suficientes para ello.
De León debe decidir ahora si los tres imputados deben permanecer en prisión preventiva mientras la Fiscalía termina la acusación, tal y como solicita la acusación.
Estos tres eventos irregulares fueron descubiertos por las autoridades en el marco de una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como "plazas fantasma", los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Por esta trama más de una veintena de personas ya fueron procesadas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.
Morales asumió la Presidencia de Guatemala en enero de 2016.
2017-01-19