El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró hoy en Washington que acepta someterse a una votación para ser revocado o ratificado y dijo que le ha pedido a su equipo que no "pelee" la decisión de la Registraduría, aunque a la par aseguró que mantiene su petición de protección ante la CIDH.
"Vamos listos, vamos a las urnas, yo pedí a través de la notificación que dejamos en Bogotá que no se ponga ningún recurso a los que tenemos derecho para pelear la decisión de la Registraduría", dijo Petro a periodistas frente a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Queremos que la población vaya a las urnas, vamos a las urnas y que decidan el futuro de la Bogotá humana", agregó en referencia a su lema al frente de la alcaldía capitalina.
La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) avaló hoy más de 600.000 firmas que fueron presentadas para revocar el mandato de Petro, quien la semana pasada fue destituido por la Procuraduría General y también inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, y por tal razón protagoniza un fuerte debate en Colombia.
Según anunció el director de la RNEC, Carlos Sánchez, "en un plazo máximo de dos meses" se convocará a los bogotanos a las urnas para definir si revoca o no el mandato de Petro.
Aunque el destituido alcalde se había opuesto en un principio a este procedimiento, hoy aseguró que ahora lo respalda puesto que ya agotó el primer paso, que era protestar su destitución por parte de la Procuraduría. Y, agregó, en todo caso un voto popular "es mucho más importante en democracia que la decisión de un funcionario administrativo que nadie eligió y que de una sola firma y porque quiso destituye 732.000 votos".
"Que sea la ciudadanía la que decide", insistió.
Petro se encuentra en Washington desde este miércoles defendiendo su caso ante diversas instancias políticas y organizaciones de derechos humanos.
La reunión principal tuvo lugar hoy en la sede de la CIDH, donde se reunió durante hora y media con su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, para presentar su caso y nuevos documentos.
Petro presentó el 28 de octubre una petición ante la CIDH de medidas cautelares y también una denuncia para que la Comisión se pronuncie sobre el fondo de su destitución.
Mientras que la denuncia es un proceso que se demorará como mínimo meses antes de que se conozca si es siquiera aceptada o no, la medida cautelar, que tiene carácter de urgencia, podría ser decidida "esta misma semana", adelantó Álvarez Icaza.
El jefe de la CIDH indicó que la solicitud está fundamentada en "derechos políticos que son tutelados en la Convención Americana".
"Han argumentado no sólo los derechos referidos al alcalde, sino a los de los electores en Bogotá que pudieran estar afectados en esta condición, ese es el argumento del alcalde que se someterá a la consideración de la Comisión", explicó a periodistas.
Petro entretanto aseguró que junto con su equipo esperará "tranquilo" las decisiones de la CIDH y aseguró que con su determinación de acudir a este organismo interamericano "nadie se está saltando ninguna ley" puesto que la Convención Interamericana forma "parte" de la Constitución colombiana y su caso además requiere de una respuesta urgente.
"En términos de daño irreparable, es decir, la decisión de destituir a un alcalde y anular el voto de 732.000 ciudadanos y que eso se haga en unas pocas semanas, prácticamente no queda ningún recurso rápido que pueda salvar los derechos de esos ciudadanos y el derecho del alcalde", se defendió el regidor.
Antes de su reunión en la CIDH, Petro se encontró hoy con el congresista demócrata Jim McGovern, y en su agenda para los próximos días también tiene previstas sendas citas con centros de pensamiento como WOLA y con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, entre otros.
Petro también tiene pendiente un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, si bien todavía no se ha fijado la cita aún.
Petro, que fue miembro del desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años por el procurador, Alejandro Ordóñez, quien argumentó que este cometió faltas "gravísimas" durante la modificación del esquema de recogida de la basura de la ciudad.
La sentencia ha causado una enorme polémica y movilizaciones populares para respaldar al burgomaestre, cuya defensa presentó una acción de tutela (amparo judicial) en un tribunal de Bogotá para revertir la decisión y adicionalmente a finales de este mes apelará el fallo ante la propia Procuraduría.
Asimismo, la administración ha buscado el apoyo de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la CIDH ante la que se personó hoy, al afirmar que los votos de los más de 700.000 ciudadanos que eligieron a Petro "se deben respetar". /DPA