EFE
Los arbitrajes, las indemnizaciones y proyectos fallidos, se han convertido en verdaderas piedras en los zapatos del Gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y sus relaciones con empresas internacionales.
El último capítulo de esta serie de problemas se presentó el pasado lunes cuando la minera canadiense Industrias Infinito anunció un reclamo contra Costa Rica por 94 millones de dólares, debido a la cancelación de un proyecto minero.
Aunque el problema comenzó a inicios del 2010, meses antes de que Chinchilla asumiera la presidencia, le ha tocado a su Gobierno observar como la empresa presenta el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial.
El Tribunal Contencioso Administrativo anuló en el 2010 la concesión a la empresa minera tras encontrar irregularidades en los permisos otorgados por órganos estatales y en los estudios de impacto ambiental.
En los siguientes tres años, la Sala Constitucional y la Sala I (casación) rechazaron una serie de apelaciones de la minera canadiense.
El Gobierno de Chinchilla, que finalizará su mandato el 8 de mayo próximo, invertirá 2 millones de dólares en el equipo jurídico que acudirá al arbitraje, según dijo el ministro de Ambiente y energía, René Castro.
Sin embargo, grupos ambientalistas han dicho que Costa Rica puede negarse a participar en ese proceso, pues, a su juicio, un tratado bilateral de inversiones con Canadá establece como prioridad el respeto a las leyes ambientales de los países.
Este caso se une a otro en el que el Gobierno accedió, a finales del 2013, a una conciliación con la empresa brasileña OAS, a la cual aceptó indemnizar con 34,9 millones de dólares por la cancelación de una concesión de una carretera.
Costa Rica, que ya realizó un primer desembolso de 6,5 millones de dólares, tiene tiempo para pagar todo el dinero hasta el 15 de marzo próximo.
Esta indemnización también ha sido criticada por grupos sociales, pues consideran que hubo irregularidades en el otorgamiento de la concesión, las cuales están siendo investigadas por la fiscalía.
La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, anunció en abril de 2013 que daba por descartada la concesión, unos días después de multitudinarias protestas de los vecinos de la vía agrupados en el Foro de Occidente.
La concesión pretendía la modernización de un tramo de 58 kilómetros de la carretera Interamericana, pero los vecinos se quejaron del alto monto de los futuros peajes, de que la vía no sería ampliada y del elevado costo de la obra: 523,7 millones de dólares.
La infraestructura es uno de los principales lunares de Costa Rica en los últimos años, ya que en ese tema ha recibido pésimas calificaciones en escalafones de organismos internacionales, especialmente en puertos y carreteras.
Aparte de los arbitrajes y conciliaciones, algunos proyectos de infraestructura del Gobierno han sufrido por otras razones como la corrupción e irregularidades en los trámites.
Uno de estos proyectos está paralizado desde mediados del año pasado. Se trata de una refinería en Limón (Caribe), valorada en 1.300 millones de dólares, que se construiría en conjunto entre las estatales Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y Corporación Nacional Petrolera de China Internacional (CNPCI).
En junio pasado, la Contraloría General de la República de Costa Rica encontró irregularidades en los estudios de viabilidad y violaciones al contrato.
Quizás, el caso más polémico de la administración Chinchilla ha sido la Ruta 1856, llamada popularmente "Trocha Fronteriza", un camino de lastre de 130 kilómetros que corre paralelo al río San Juan, frontera con Nicaragua, y que no ha sido terminado.
La primera fase de construcción de la Ruta 1856 estuvo salpicada en el 2012 por hechos de corrupción de funcionarios y contratistas que fueron revelados por Chinchilla y denunciados ante el Ministerio Público, sin que aún haya condenas.