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La policía busca en todo el mundo al asambleísta opositor Cléver Jiménez para detenerlo, dijo el martes el ministro del Interior, José Serrano, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanas dictó un fallo que pide se suspenda una sentencia de prisión que afecta al político.
Jiménez y su asistente Fernando Villavicencio fueron condenados a 18 meses de prisión, mientras que el exdirigente médico Carlos Figueroa fue condenado a 6 meses de cárcel en un juicio por injuria contra el presidente Rafael Correa.
Correa dijo en una conferencia de prensa que "este es un paso más para la desacreditación del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos porque por ningún lado la Comisión tiene atribuciones para dictar medidas cautelares, pero si las tuviera es el colmo que trate de revertir una sentencia de un país soberano, se acabó la soberanía".
En un comunicado del Ministerio del Interior, Serrano dijo que sobre la orden de detención de Jiménez que "cumple los procedimientos como con cualquier otra persona a quien se le dicta una orden de prisión con una boleta de encarcelamiento constitucional".
"Al momento se lo busca y se ha establecido alertas a Interpol para lograr su aprehensión", destacó.
Jiménez y Figueroa están en algún lugar de la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur del país, mientras que Villavicencio está en Estados Unidos hace varias semanas.
La Cancillería destacó en un comunicado que "la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contempla la facultad de la CIDH para dictar medidas cautelares".
Ecuador "rechaza la creciente politización de la CIDH, que genera un debilitamiento lamentable del sistema", añadió.
La CIDH otorgó el lunes medidas cautelares a los tres sentenciados en las que pidió a Ecuador suspender inmediatamente la sentencia emitida el 14 de enero del 2014.
La Corte Nacional de Justicia, que debe acoger o rechazar el pedido de la Comisión, aún no se ha pronunciado.
En declaraciones al canal Ecuavisa, Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa en este caso, criticó directamente al organismo internacional, con sede en Washington.
"Me preocupa que… un organismo internacional pueda atentar contra el principio de seguridad jurídica (de un país). Una persona va a un tribunal de justicia pide que se haga justicia y luego aquello se ve frustrado por una medida de esta naturaleza", adujo el abogado.
El abogado de Jiménez, Julio César Sarango, dijo el lunes a The Associated Press en Quito que "estas medidas (de la comisión) es lo que estábamos esperando porque los jueces ecuatorianos violaron la Constitución y los derechos del asambleísta Jiménez y los dos ciudadanos".
Correa desmintió el fin de semana que su gobierno persiga políticamente a Jiménez.
Los tres sentenciados acusaron a Correa en 2011 de delitos de lesa humanidad por ordenar el rescate militar del mandatario de un hospital de la policía, donde estuvo más de 10 horas tras una revuelta policial que dejó muertos y heridos.