DPA
El juez federal Ariel Lijo citó a una declaración indagatoria al vicepresidente argentino, Amado Boudou, en la causa que lo investiga por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, en un hecho inédito en la historia democrática nacional, informaron hoy fuentes judiciales.
Boudou deberá presentarse a declarar el 15 de julio ante el juez, que lo investiga por supuesto tráfico de influencias por su presunta intervención cuando era ministro de Economía para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y contribuir a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa.
Tras este revés político para la administración de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno salió a tomar distancia de Boudou: "Está a disposición de la Justicia, como siempre", sostuvo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. "El vicepresidente siempre ha manifestado su voluntad de cumplir con todas las instancias judiciales", remarcó.
Gran parte del arco opositor reclamó que el vicepresidente dé un paso al costado, ya sea por licencia o renuncia. La diputada y líder de la Coalición Cívica opositora, Elisa Carrió, advirtió en tanto que se está "a las puertas de la destitución del vicepresidente por corrupción" a través de un juicio político en el Congreso.
El vicepresidente rechazó la embestida opositora y reiteró su inocencia. "No tengo miedo ni de ir preso, ni de ningún procesamiento porque estoy muy tranquilo. Juro que no cometí ningún acto de corrupción. Me da mucha tranquilidad poder demostrar mi inocencia", subrayó Boudou en declaraciones a Radio 10.
"No voy a renunciar ni pedir ninguna licencia", aseguró el economista.
Según sostuvo el juez en la resolución difundida hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), "Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial".
"Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70 por ciento de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública", señala la decisión judicial.
El magistrado consideró que "Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional".
"Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda", señala la resolución.
El juez también citó a declarar a Núñez Carmona y Vandenbroele -quien se sospecha sería el testaferro del vicepresidente- y a los empresarios Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick. Reinwick confirmó hoy en declaraciones a la prensa que se reunió con Boudou en un lujoso hotel porteño para hablar sobre la quiebra de la imprenta. "No puedo entender cómo él lo desmiente", señaló.
"Hay cosas que uno quiere decir y no dice, no por miedo a que me peguen un tiro, los miedos son que se metan con el trabajo de uno", señaló el empresario. Días atrás se fue del país un testigo clave en el caso, José Guillermo Capdevila, ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. "Temo por mi vida", aseguró Capdevila luego de que él y su familia sufrieran amenazas y fueran perseguidos en la vía pública.
El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, consideró hoy que "hay elementos suficientes" en la causa Ciccone para investigar a Boudou.
"El juez entiende que hay elementos suficientes para suponer que las personas que están llamadas a indagatoria han realizado hechos susceptibles eventualmente de valoración penal", expresó Di Lello a radio Mitre de Buenos Aires.
El fiscal señaló que la declaración indagatoria permite a Boudou "defenderse libremente", o si prefiere podría no asistir. Al término de ese proceso, el juez "tiene que pronunciarse sobre la situación procesal de la persona indagada y las resoluciones pueden ser sobreseimiento, procesamiento o falta de mérito", explicó.
Boudou, de 51 años, militó de joven en la Unión del Centro Democrático (UCeDe), agrupación de centroderecha ya extinta, y luego se acercó al kirchnerismo.
En 2008 fue designado por Fernández de Kirchner al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y ejerció como ministro de Economía entre julio de 2009 y diciembre de 2011. Dejó el Palacio de Hacienda para convertirse en el compañero de la fórmula presidencial en el segundo mandato de Fernández de Kirchner.
Boudou, quien enfrenta además una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, se convertirá en el primer vicepresidente argentino en funciones que declarará como imputado de supuesta corrupción por la Justicia federal.
El día de la citación a declarar, el 15 de julio, Boudou estaría a cargo del Poder Ejecutivo si se confirma que la presidenta viajará a Brasil para asistir a la cumbre de los BRICS, dos días después de la final del Mundial de fútbol.
2014-05-30