El Congreso colombiano advirtió a Nicaragua que no aprobará un cambio de límites marítimos tras conocer las "sospechosas motivaciones" que el país centroamericano tuvo en el litigio de una zona del Caribe en la que Bogotá ejercía soberanía y que fue otorgada por la CIJ a Managua en noviembre pasado.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que en la concesión por un siglo que el Parlamento de Nicaragua (Asamblea Nacional) aprobó a una empresa china para la construcción de un Canal Interoceánico se "evidencian" los intereses de Nicaragua sobre el área que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le adjudicó.
"La presencia de una juez (de la CIJ) de nacionalidad china que no sólo no se declaró impedida sino que admitió al Alto Tribunal las motivaciones comerciales que estarían detrás del fallo contra Colombia, hacen aún más evidente la necesidad de rechazar dicho fallo y reiterar la soberanía colombiana sobre todo nuestro territorio terrestre y marítimo", indicó.
Barreras recordó además que la Constitución Nacional "determina que el Congreso tiene la facultad de aceptar o no la verificación de los límites nacionales exclusivamente por la vía de la ratificación de tratados internacionales".
"Lo que corresponde al Congreso colombiano es acompañar al gobierno Nacional en la inmediata solicitud de revisión de dicho fallo ante los nuevos hechos conocidos por la opinión nacional e internacional", expresó el senador.
Finalmente, el legislador pidió a los Congresos de los "países hermanos de América Latina" evaluar las consecuencias "geopolíticas de la decisión de Nicaragua al permitirle a la segunda potencia militar mundial (República Popular de China) quebrar el mapa americano justo por la mitad".
En 2001 Nicaragua presentó una demanda ante la CIJ tras desconocer un tratado bilateral que firmó en 1928 y mediante el cual entregó a Colombia la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en 1803 ya había sido puesta bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá por la corona española.
Seis años después la Corte ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago, pero se declaró competente para definir los límites marítimos entre los dos países, lo que dejó en suspenso la soberanía sobre siete cayos.
El Tribunal decidió el pasado 19 de noviembre que los cayos seguirán bajo jurisdicción de Colombia, pero corrió 200 millas náuticas hacia el este el punto que Bogotá considerada como límite.
Desde entonces, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha reiterado que su país no aplicará el fallo hasta llegar a un acuerdo con Nicaragua para garantizar la subsistencia de los pescadores, que temen salir a faenar en aguas que ahora pertenecen a Managua./DPA
Viernes 14/06/2013