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Una auditoría dispuesta por la Contraloría de Ecuador señaló el martes que hubo sobreendeudamiento e irregularidades en la contratación de deuda pública en el periodo 2012 a 2016, que corresponde a una parte del gobierno del expresidente Rafael Correa.
En documento preliminar señaló que entre enero de 2012 y diciembre de 2016 el Estado contrajo obligaciones por 50.550 millones de dólares, un 52,54% del producto interno, aunque legalmente no se podía adquirir más del 40%.
El contralor Pablo Celi dijo que tal situación fue posible porque se registraron modificaciones reiteradas en la normativa “que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda y de la determinación de sus componentes”, así como de la fórmula que permitía establecer los límites legales.
Explicó que algunos rubros no fueron considerados como parte de la deuda pública, como las denominadas preventas petroleras, que consistían en la entrega de la producción futura de crudo a cambio de dinero. Celi destacó también que la empresa estatal Petroecuador fue convertida en un organismo de gestión de crédito para elevar la liquidez de las arcas fiscales, para lo cual “no estaba legalmente autorizada”.
Tras la lectura de este informe, los presuntos responsables, como exministros de Estado, antiguas autoridades de Petroecuador, del Banco Central y otros funcionarios de finanzas, cuentan con cinco días para presentar pruebas de descargo de responsabilidades.
Para abril se ha fijado la entrega del informe final, documento que permitirá comenzar las acciones para determinar responsabilidades penales y administrativas.
2018-03-14