Corea del Norte pagará a la Autoridad del Canal de Panamá (ACPP) dos tercios de la multa de un millón de dólares para que pueda zarpar el buque norcoreano "Chong Chon Gang", retenido en este país desde el 10 de julio, con un cargamento de armas cubanas a bordo.
Así lo confirmó hoy a dpa el abogado panameño Julio Berríos, quien representa a la parte norcoreana en los procesos que se le siguen a los 35 tripulantes de la nave, que está en un fondeadero frente a las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Berríos indicó que la legislación vigente permite pagar dos tercios de la multa impuesta por la ACP, luego de que el fiscal del caso, Nahaniel Murgas, liberó el barco. Añadió que el pago de la sanción será concretado en los próximos 15 días, y que lo razonable es que la nave zarpe con todos sus tripulantes a Corea del Norte.
A bordo del carguero fueron hallados 25 contenedores con armamento cubano sin declarar, como aviones Mig-21, lanzaderas antimisiles y vehículos militares, escondidos bajo 10.000 toneladas de azúcar, que Cuba considera "material defensivo obsoleto".
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, reseñó que el pago de la multa es un requisito para poder emitir la orden de salida del barco, cuyo capitán no declaró los equipos militares que llevaba a bordo. Sin embargo, los tripulantes aún están bajo detención.
Al respecto, Berríos dijo que "es absurdo que los marineros norcoreanos sigan detenidos, porque no han cometido delito".
Asimismo, manifestó que conversó con tres representantes del gobierno de Pyongyang que llegaron a Panamá esta semana y les recomendó pagar unos 300.000 dólares por el acarreo y la custodia oficial del cargamento de azúcar, con un valor estimado en el mercado de siete millones de dólares.
"Esa azúcar va ser utilizada en la elaboración de caramelos y dulces comestibles para los niños norcoreanos, en la celebración del Año Nuevo", comentó Berríos.
Puntualizó que las armas incautadas deben ser devueltas a Cuba, ya que "un Estado no puede embargar a otro y, si lo hace, podría enfrentarse a un conflicto diplomático o militar". Sostuvo que le corresponde al gobierno de La Habana reclamar el armamento.
El jurista señaló que un mal manejo de la situación del buque y de los tripulantes podría enfrentar a Panamá a diversas denuncias de violación de los derechos humanos. /DPA