DPA
Un país con una criminalidad sin control y con una severa crisis económica es la herencia que recibirá el ganador de las elecciones presidenciales que se celebran el domingo en Honduras, según los diversos analistas hondureños.
Con una tasa de 85 muertes violentas por cada 100.000 personas, Honduras ostenta el récord de ser el país más violento del mundo fuera de las zonas de guerra, según un organismo de las Naciones Unidas, en base a estadísticas del Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Autónoma de Honduras.
Además de las muertes violentas, el país está azotado por las extorsiones de grupos de pandilleros y otras redes criminales, que han obligado al cierre de más de 23.000 micro- y pequeñas empresas que ven imposible como pagar a sus empleados, la costosa electricidad y ahora a los criminales, según dirigentes del sector empresarial.
La Asociación Nacional de Pequeños y Micros Industriales de Honduras ha reclamado públicamente al gobierno que implemente una política de seguridad que erradique el problema de la extorsión, ya que es la principal causa del cierre de empresas del sector.
El gobierno de Porfirio Lobo sostiene que se encuentra en un proceso de depuración de las fuerzas policiales, que cuenta con unos 14.000 efectivos, pero que el mismo durará varios años.
Candidatos a diputados de formación militar-policial como Billy Joya y Oscar Álvarez, dos veces exministro de Seguridad, han propuesto fórmulas de mano dura con el fin de atraer votantes.
Por su lado el candidato presidencial del oficialista partido Nacional, Juan Orlando Hernández, propuso la formación de la Policía Militar, un cuerpo armado de 5.000 efectivos, lo cual fue rechazado por el resto de aspirantes presidenciales y organismos defensores de los derechos humanos por considerar que es una militarización de la tarea de seguridad.
Por su lado la candidata presidencial del opositor de izquierda Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, sugiere retomar la policía comunitaria, una idea impulsada por su esposo, el derrocado expresidente Manuel Zelaya, que fue sacado del poder por los militares el 2009.
Además de Hernández y Zelaya, otros seis candidatos postular a la presidencia, aunque sus posibilidades son escasas, excepto para el liberal Mauricio Villeda, que va en tercer lugar en la intensión de voto.
Mientras, en el tema de la economía, la segunda cuestión que más preocupa a los votantes hondureños, ningún candidato presidencial abordo el tema de la crisis económica que heredarán en caso de ganar las elecciones.
Con una deuda pública de 7.600 millones de dólares (5.606 millones de euros), un elevado déficit fiscal del 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y una tasa de pobreza que supera el 70 por ciento de los 8,4 millones de hondureños, el margen de maniobra del ganador de los comicios será mínima.
Para Roldan Duarte, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, el futuro mandatario deberá necesariamente aplicar un severo ajuste fiscal y recortar gastos para poder pagar las deudas del Estado.
Roldan pronostica incluso que el déficit fiscal será de 8 por ciento (equivalente a casi 1.500 millones de dólares), ya que el gobierno siempre hace proyecciones por debajo de la realidad de la economía, y teme que las cuentas públicas se deterioren más.
El gobierno del presidente Lobo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su primer año, pero lo incumplió y no volvió a suscribir otro, siguiendo la trayectoria de su antecesor Manuel Zelaya.
Los grupos empresariales y los académicos señalan que casi ocho años de falta de disciplina fiscal han llevado a la economía hondureña a la ruina y que se necesitará un riguroso programa de control para que vuelva a equilibrarse.
Para los hondureños las cifras macroeconómicas no significan nada, ya que solo se preocupa encontrar un empleo en el sector formal. La tasa de desempleo abierto es mínima, estimada en 5 por ciento, pero el trabajo informal supera el 50 por ciento, siendo el principal problema de la economía. El trabajo informal no genera los ingresos mínimos a la familia, además de carecer de beneficios sociales.
La patronal hondureña, aglutinada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), estima que la economía hondureña necesita generar 200.000 empleos por año para absorber la mano de obra que llega al mercado, pero al final solo crea 80.000 puestos de trabajo.
El resto se va al mercado informal o bien se dirigen como inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Organismos civiles que estudian el caso de la inmigración estiman que unos 80.000 hondureños se dirigen cada año a Estados Unidos para buscar un empleo y enviar remesas para mantener a sus familias en Honduras.