El Gobierno estadounidense analiza cómo responder antes de que acabe la semana a la decisión judicial de eximir temporalmente a las organizaciones religiosas de la obligación de prestar cobertura anticonceptiva a sus empleados.
La decisión de la jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor de parar temporalmente la aplicación de la ley a estas organizaciones ha supuesto otro tropiezo para la reforma sanitaria en el comienzo de un año que se anuncia decisivo para su éxito o fracaso.
A petición de las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas de Colorado, la jueza Sotomayor liberó momentáneamente a la organización religiosa y a los colectivos que se sumaron a su demanda de la aplicación de esta medida y concedió al Gobierno hasta mañana a las 10.00 hora local (15.00 GMT) para responder a la orden.
La resolución, dictada en las últimas horas de 2013, en vísperas de la entrada en vigor de los nuevos seguros médicos establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, otorgó un amparo temporal a las demandantes debido a que ninguna instancia judicial inferior se había pronunciado sobre su reclamación.
Casi 100 empresas y organizaciones religiosas (entre las que se encuentran hospitales y centros educativos) han presentado medidas legales contra el precepto de la reforma sanitaria que obliga a incluir en los nuevos seguros médicos la cobertura de los medios para el control de la natalidad, como la píldora anticonceptiva y la píldora del día después.
La orden de Sotomayor, cursada por el procedimiento de urgencia, se aplica únicamente a la organización demandante y a Christian Brothers Services, que ofrece atención sanitaria a los empleados de grupos católicos, las Hermanitas de los Pobres entre ellos, y que se unió a su pleito.
En junio de 2012, el alto tribunal ya avaló la constitucionalidad de la disposición más polémica de la ley, la que introduce la obligación para todo estadounidense de contratar un seguro médico.
En este nuevo frente de la reforma, en el que las objeciones religiosas a los anticonceptivos son el motivo de discusión, la oposición se ha dividido en dos facciones, las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que el texto de la reforma distingue entre colectivos con diferentes obligaciones.
Los empleadores que son entidades religiosas están exentos de la aplicación de la parte relativa a los anticonceptivos; las entidades con ánimo de lucro están obligadas, y las organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a grupos religiosos no tienen por qué proporcionarlos directamente, pero deben permitir a las aseguradoras ofrecer esa cobertura a los empleados.
Las organizaciones con ánimo de lucro que alegan objeciones religiosas para negarse a ofrecer la cobertura anticonceptiva a sus empleadas ya han llegado hasta el Tribunal Supremo, que estudiará dos demandas contra el Gobierno presentadas por Hobby Lobby y Conestoga y tiene previsto dictar sentencia al respecto en junio.
Las Hermanitas de los Pobres, una congregación de monjas dedicada al cuidado de ancianos sin recursos que dispone de 30 instalaciones en Estados Unidos, podrían convertirse en el primer colectivo sin ánimo de lucro que lleva hasta el Supremo su desacuerdo con la disposición sobre anticonceptivos de la reforma sanitaria.
En las instancias previas, 18 de las 44 demandas presentadas por otras organizaciones religiosas sin ánimo de lucro contra esta parte de la ley fueron atendidas, mientras que 12 fueron desestimadas y 14 esperan resolución.
El grupo alegó en su escrito ante el Supremo que la obligación de ofrecer anticonceptivos las abocaba a un dilema, al tener que elegir entre ir contra sus creencias religiosas o pagar las multas que supondría infringir la ley.
Tras conocer la orden judicial, las Hermanitas de los Pobres mostraron su "agradecimiento" en un comunicado y, consultadas hoy por Efe, rechazaron hacer más comentarios al respecto, ya que, advirtieron, se trata de una resolución "temporal".
"El Gobierno tiene muchas formas de entregar anticonceptivos a la gente, no necesita obligar a las monjas a participar", aseguró Mark Rienzi, abogado jefe de Becket Fund, el bufete que representa al grupo de monjas.
A falta de unas horas para que expire el plazo concedido por Sotomayor, el Gobierno aún no se ha pronunciado sobre la orden, aunque la Administración del presidente Barack Obama ha defendido con anterioridad la disposición sobre los anticonceptivos.
En noviembre pasado, tras conocerse que el Supremo iba a estudiar los pleitos de dos empresas, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, remarcó que la norma "está diseñada para que las decisiones sobre salud sean tomadas entre la mujer y su doctor" y añadió que "nadie, ni el Gobierno ni una empresa, debería dictar esas decisiones". /EFE