Los presidentes de los senados de Haití y República Dominicana acordaron el viernes crear una comisión bilateral para analizar los efectos del plan dominicano de anular la nacionalidad a los hijos de inmigrantes que entraron al país sin permiso legal, el cual afectará a miles de descendientes de haitianos.
"Se trata de mantener un canal abierto (y) de encontrar soluciones", dijo Reinaldo Pared Pérez, presidente del senado dominicano. El funcionario no adelantó cuándo podría quedar establecida la comisión bilateral.
El presidente del senado haitiano, Simon Dieuseul, quien hizo la propuesta, encabezó una delegación de senadores de su país que se reunió el viernes con Pared Pérez y otros legisladores dominicanos para manifestar su preocupación por el posible impacto negativo de la anulación de la ciudadanía a los descendientes de inmigrantes.
Estimó en una breve rueda de prensa con Pared Pérez que la medida también podría afectar a cientos de miles de trabajadores haitianos y a sus hijos, con un impacto negativo en la economía de ambas naciones, que comparten la isla La Hispaniola.
El tribunal constitucional dominicano ordenó el 23 de septiembre pasado, al fallar el caso particular de la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre, que el registro civil realice un inventario de todos los hijos de inmigrantes que entraron sin permiso legal al país desde 1929 a fin de comenzar los trámites judiciales para anularles la nacionalidad.
Una vez que se concluya el inventario, en un plazo máximo de dos años, y luego de que un tribunal determine la nulidad de cada acta de nacimiento, los afectados podrán regularizar su estatus migratorio mediante un plan de residencia para extranjeros, el cual aún no existe.
Dieuseul advirtió que, aunque "la sentencia del tribunal (constitucional) es soberana, la ejecución (del programa) puede ser política".
Durante décadas, el gobierno dominicano reconoció como ciudadanos a los hijos de los miles de inmigrantes haitianos que llegaron a trabajar durante casi todo el siglo XX a los ingenios cañeros, donde vivieron el resto de sus vidas y formaron a sus familias.
Con base en una prolongada controversia constitucional sobre quiénes eran considerados nacionales sólo por nacer en el país, el gobierno dominicano comenzó esporádicamente en los años 90 a negar la ciudadanía a los inmigrantes haitianos.
La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, ordenó en 2007, a partir de una modificación a la ley de migración, retener las actas de nacimiento y cédulas de identidad a los descendientes de haitianos que no tenían permiso migratorio, aunque hubiesen nacido en Dominicana.
El tribunal constitucional determinó en su sentencia del 23 de septiembre que esa disposición debe aplicarse a todos los inmigrantes que llegaron después de 1929 y a sus descendientes, ya que la constitución de esa época establecía que los hijos de los extranjeros "en tránsito" no eran dominicanos.
Para conocer los alcances de la medida, la cancillería haitiana llamó esta esta semana a consultas a su embajador en Santo Domingo, Fritz Cinéas, y convocó a un encuentro al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Silié.
El proyecto ha creado críticas y cuestionamientos por parte juristas y de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. El representante de Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez, anunció esta semana que las agencias de ese organismo realizarán "un exhaustivo estudio" para determinar si la medida es coherente con los tratados internacionales suscritos por República Dominicana.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) manifestó en un comunicado su "profunda preocupación" porque la medida "puede dejar apátridas a incontables personas nacidas dominicanas de ascendencia haitiana".
Las organizaciones estadounidense Open Society y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos consideraron por separado que el proyecto contraviene disposiciones internacionales contra el racismo.
Grupos de derechos humanos y de dominicanos de ascendencia haitiana protestaron el jueves frente a la sede del tribunal constitucional en demanda de la revocación de la sentencia.
Aunque no existe ninguna estimación oficial sobre el número de afectados por la medida, diversas organizaciones de defensa de descendientes de haitianos consideran que más de 200.000 serán "desnacionalizadas".
República Dominicana ordenó la revisión y anulación de actas de nacimiento, pese a que en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había emitido una sentencia contra Santo Domingo porque se negaba a reconocer la nacionalidad de dos niñas debido a su ascendencia haitiana. /AP