El Senado brasileño aprobó unas nuevas normas de gestión y concesión de los puertos, que según el Gobierno abrirán espacios para la empresa privada y pueden generar inversiones de unos 25.000 millones de dólares en los próximos años.
La propuesta, presentada por el Gobierno, fue volcada en lo que en Brasil se conoce como "medida provisional", un decreto temporal dictado por la presidenta Dilma Rousseff que si no era aprobado en las Cámaras haría caducado hoy, 120 días después de su publicación.
La votación en el Senado, que le da fuerza de ley al decreto, se realizó inmediatamente después de que concluyó un maratoniano debate en la Cámara de Diputados, que la oposición logró postergar durante más de 48 horas mediante diversos mecanismos legales.
Los senadores de la oposición protestaron con vehemencia porque sólo contaron con unas pocas horas para analizar las modificaciones hechas al decreto en la Cámara de Diputados y hasta solicitaron al Tribunal Supremo que impidiera la sesión.
No obstante, la votación, en la que el oficialismo impuso su clara mayoría, comenzó sin que la corte llegara a pronunciarse sobre el asunto y la propuesta fue aprobada por 57 senadores, contra sólo siete que la rechazaron y cinco que se abstuvieron.
Uno de los principales aspectos del decreto es que abre puertas a la inversión privada en los puertos públicos, que hasta ahora era objeto de severas restricciones.
Según las normas planteadas por el Gobierno, las concesiones de las operaciones portuarias para los inversores privados pasarán a ser por tiempo indeterminado, siempre bajo supervisión del Estado, lo cual altera la actual regla, que las limita a 25 años.
La propuesta contó con un pleno respaldo del sector privado, que identificó en ella nuevos alicientes para la inversión, pero ha sido rechazada por algunos gobiernos regionales, que temen perder poder sobre operaciones portuarias que les generan fuertes ingresos.
Según los empresarios, los puertos del país están obsoletos, no cuentan con las infraestructuras necesarias para atender el volumen de comercio del país y tienen elevados costes, todo lo cual conspira contra la competitividad de las exportaciones brasileñas.
La propuesta del Gobierno dividió a los sindicatos y mientras algunos afines al Gobierno la respaldaron, otros la rechazaron y hasta convocaron huelgas que paralizaron durante los dos últimos días algunos puertos del país, como el de la ciudad de Santos./EFE