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Para este martes, la plataforma "No Somos Delito" convocó en toda España a más de 30 manifestaciones en repudio a la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, identificada por la ciudadanía como Ley Mordaza porque fue propuesta con el objetivo de impedir las manifestaciones públicas y la intervención de las comunidades organizadas y activistas en los desahucios que han dejado a más de 400 mil familias españolas sin hogar desde que comenzó la crisis económica provocada por los bancos en 2008.
La vocera de la mencionada plataforma, Alba Villanueva, indicó que la ciudadanía no dejará de movilizarse en rechazo a la Ley Mordaza, que entra en vigencia este 1° de julio y que fue propuesta por la organización de derecha Partido Popular, liderado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
"En el último día antes de la entrada en vigor de la Ley vamos a celebrar más de 30 manifestaciones, pero una vez entre en vigor no vamos a dejar de protestar. No nos vamos a rendir. Continuaremos realizando acciones de denuncia", manifestó.
Las manifestaciones de este martes están convocadas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Además, para este miércoles se llamó a una "sentada" (manifestación pacífica) en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, ubicado en la Calle Floridablanca, en Madrid, donde los activistas permanecerán durante cinco minutos con una mordaza en la boca.
Pese a recursos judiciales y al rechazo ciudadano y de un amplio grupo de organizaciones sociales, el Gobierno español impuso la Ley de Seguridad Ciudadana, que ahora dará a las fuerzas de seguridad la capacidad para imponer sanciones administrativas que antes eran impuestas por un juez.
La legislación, además, considera una infracción cualquier manifestación que se realice frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento, reseña el portal web de El País.
También impide fotografiar o grabar a policías durante manifestaciones. El diario El País reseña que las fotografías y grabaciones "han permitido en varias ocasiones captar abusos policiales y servir como prueba para la condena de los agentes", por ello la ley lo sanciona.
La ley plantea multas que van desde 100 a 600.000 euros a aquellos que infrinjan sus mandatos, considerados por la ciudadanía como un retroceso en las libertades públicas. AVN.
2015-06-30