El conflicto en la región colombiana del Catatumbo (noreste) cumple hoy un mes de protestas de campesinos y bloqueos de vías sin que avancen las negociaciones con el Gobierno, según fuentes cercanas a los manifestantes.
"Mal, va muy mal, los negociadores del Gobierno tienen la intención de dilatar y la orientación de no llegar a acuerdos", explicó a Efe César Jerez, uno de los delegados campesinos en la mesa con el Gobierno, que defiende las inversiones que ha hecho en la zona.
Los delegados negociadores se reunieron el lunes en Tibú, que junto con Ocaña es uno de los dos municipios del departamento de Norte de Santander escenario de las protestas, para discutir el punto sobre la declaración de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el Catatumbo, una de las principales reclamaciones de los labriegos.
"Ayer estuvimos todo el día con la declaración de la ZRC pero no consideraron ninguna de nuestras propuestas", dijo Jerez.
Ante el estancamiento en ese punto, los negociadores abordaron hoy la implantación de un plan de desarrollo sostenible para la ZRC, sin demasiado éxito, según los campesinos, que protestan desde el pasado 10 de junio.
Paralelamente, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió hoy un comunicado en el que denuncia que la región del Catatumbo sufre una "grave vulneración" de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Destacó que "pese a su riqueza natural", el Catatumbo "presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas" y su población carece de los derechos a la alimentación adecuada, salud, educación, electrificación, agua potable, alcantarillado, vías y acceso al trabajo digno.
Finalmente, el comunicado de la ONU hizo un llamado a las partes para que "continúen los diálogos y lleguen a acuerdos respetuosos de los derechos humanos".
El Gobierno, de la mano del director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santamaría, defendió que las inversiones del Ejecutivo en beneficio de los campesinos de la región superan los dos billones de pesos (unos 1.042 millones de dólares).
También se pronunció el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, quien el martes hizo un llamado a la sociedad colombiana a no ser "más dura" con los campesinos que con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevan a cabo negociaciones de paz con el Gobierno en La Habana.
Desde que se iniciaron las protestas, que según la Policía y el Gobierno están infiltradas por las FARC, unos 15.000 campesinos mantienen bloqueos intermitentes de las vías que dan acceso a Ocaña y Tibú, por lo que sus habitantes sufren una situación de desabastecimiento.
En estos bloqueos cuatro campesinos murieron por disparos de la fuerza pública, lo que llevó a la Fiscalía a investigar a los autores de estos asesinatos.
Preguntado por el futuro de las protestas en caso de que las negociaciones no avancen, Jerez fue claro: "al Gobierno le queda la salida violenta, la represión, pero tienen un enorme costo político que ya se les nota". /EFE