EFE
Varios altos oficiales de la policía secreta de Augusto Pinochet, condenados por violaciones a los derechos humanos, serán testigos en la investigación de una querella contra grupos de izquierda por atentados ocurridos en Chile entre 1970 y 1990, confirmaron hoy a Efe fuentes del caso.
Entre los citados a declarar ante el juez especial Mario Carroza, encargado del caso, destaca el general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, exjefe de la DINA, la policía secreta de Pinochet, que suma condenas cercanas a 400 años de prisión en decenas de juicios por secuestros calificados (desapariciones), homicidios y torturas, entre otros delitos.
También los exbrigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff y los coroneles Marcelo Moren Brito y José Zara. Todos permanecen recluidos en "Punta Peuco", una cárcel especial para represores, situada a 40 kilómetros al norte de Santiago.
La querella fue presentada por el abogado Raúl Meza en representación de la Fundación "Simón Yévenes", un dirigente del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), muerto en 1986 en un atentado cometido presuntamente por algún grupo de extrema izquierda.
Meza, que se hizo conocido por haber tratado durante cuatro años de responsabilizar penalmente a la presidenta Michelle Bachelet por las muertes causadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010, busca aclarar un total de 189 atentados cometidos por grupos armados de izquierda entre 1970 y 1990 en contra de militares y civiles, puentes, vías férreas, acueductos y torres eléctricas.
Según las fuentes consultadas por Efe, la cantidad de hechos denunciados por el abogado Meza quedarán finalmente "reducidos a muy pocos", sea porque ya fueron investigados o porque el juez carece de competencia para indagarlos.
Crustián Cruz, abogado de derechos humanos, dijo a Efe que la querella "carece de seriedad, porque nadie podrá creer lo que declaren Manuel Contreras u otros exagentes, que han mentido hasta el cansancio respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura".
"Estos supuestos testigos pertenecen al Ejército, una institución que jamás ha colaborado con las investigaciones judiciales por los crímenes de la dictadura", añadió.
Otros hechos que Raúl Meza pide indagar son el homicidio, en 1989, de Roberto Fuetes Morrison, un agente del grupo represivo conocido como "Comando Conjunto" y funcionario civil de la Fuerza Aérea y otro ataque, fallido, contra la mayor de Carabineros Ingrid Olderock, acusada de torturadora y de entrenar perros para violar a presas políticas.
En julio de 1981, cuando se había retirado de Carabineros, Olderock sufrió un ataque, de cuya autoría acusó a un capitán del Servicio de Inteligencia de la propia institución.
En la DINA, Olderock dirigió una escuela de formación de mujeres agentes. EFE
2014-06-12