Expertos judiciales de cortes y fiscalías de América Latina analizan en Santiago de Chile el "Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género", informaron hoy los organizadores.
Este es un instrumento práctico y técnico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales de la región directrices para la investigación penal eficaz de los feminicidios, conforme a las obligaciones internacionales suscritas por los estados.
El texto ha sido elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), en el marco de la campaña de las Naciones Unidas, UNETE, para poner fin a la violencia contra las mujeres.
"América Latina concentra los más altos índices de violencia contra las mujeres, y el feminicidio es la expresión más grave de esta violación a los derechos humanos", señaló Carmen Rosa Villa, representante regional para América Central del ACNUDH.
Soraya Hoyos, coordinadora de la campaña en ONU Mujeres, enfatizó que "la impunidad es reflejo de una cultura de actitudes que aceptan la violencia de género como algo normal. Y como tal, representa una negación de los derechos humanos de todos y todas".
"Si el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a vivir sin miedo y el derecho a la dignidad no son de todas las personas, se convierten entonces en privilegios de unos pocos", agregó Hoyos.
Por su parte Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del ACNUDH, aseguró que es responsabilidad de los estados prevenir, investigar y sancionar las muertes violentas de mujeres.
"Y este instrumento regional, sensible a las realidades de cada uno de nuestros países, tiene por objeto contribuir a que los estados honren con la debida diligencia su responsabilidad de garantizar a todas las mujeres una vida libre de discriminación", añadió.
Instituciones internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre las deficiencias y dificultades que subsisten en la investigación de muertes violentas de mujeres.
Han subrayado la persistencia de prejuicios y estereotipos en la práctica de los operadores judiciales, la demora en el inicio en las investigaciones y la inactividad de los expedientes; así como las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las pruebas y en la identificación de las víctimas y responsables.
El Modelo de Protocolo ha sido sometido a un proceso de revisión y consulta que se inició en Panamá en septiembre y ha involucrado a expertos de todos los países de América Latina.
El ciclo de validación continúa, este mes de diciembre, en Santiago de Chile y en Panamá. La versión final del Modelo de Protocolo será publicada en 2014. /EFE