La Fiscalía colombiana realizó una solicitud formal ante un juez para enviar a prisión a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La petición se presentó este martes 2 de diciembre de 2025, durante una audiencia en Barranquilla.
Los hechos investigados guardan relación con supuestos actos de corrupción cometidos por Petro Burgos mientras se desempeñaba como diputado, informó Deutsche Welle.
La fiscal Lucy Laborde fue la encargada de presentar la solicitud ante el estrado judicial. El requerimiento apunta a que el hijo del mandatario permanezca recluido mientras avanza el proceso.
"Esta delegada solicita a su señoría se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor Nicolás Fernando Petro Burgos", argumentó la fiscal Laborde, confirmando así la intención de la parte acusadora de buscar la reclusión. La decisión final sobre si se acepta o no la petición recae ahora en manos del juez.
Acusaciones por desvío de fondos y contratos
Los cargos imputados a Petro Burgos se centran en el presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos. La Fiscalía indicó que el monto apropiado asciende a 111 millones de pesos colombianos, lo que equivale a aproximadamente 29.000 dólares estadounidenses.
Dichas acciones habrían ocurrido mientras el acusado ejercía sus funciones como diputado de la Asamblea del Atlántico, cargo que ocupó durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023.
La fiscal Laborde sostuvo que Petro Burgos "tenía pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones" y que además influyó "activamente" para conseguir, conocer y orientar los contratos en los que tenía interés particular.
Juicio por múltiples delitos y proceso paralelo
El diputado enfrenta actualmente un juicio formal por delitos específicos que incluyen interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Este proceso ha avanzado simultáneamente a otra investigación penal que también involucra a Petro Burgos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los cuales se vinculan a fondos que presuntamente ingresaron a la campaña presidencial de 2022. Ambos procesos judiciales han generado un impacto mediático considerable.
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