La República del Perú afronta este domingo 7 de junio una de las jornadas electorales más determinantes y polarizadas de su historia reciente.
En una segunda vuelta de pronóstico reservado, la ciudadanía deberá elegir entre dos modelos de país diametralmente opuestos para definir quién se convertirá en el noveno presidente de la nación andina en un lapso de apenas 10 años, una cifra que refleja la profunda crisis de gobernabilidad e inestabilidad institucional que arrastra el país.
La contienda electoral se reduce a un cara a cara definitivo entre la candidata de la derecha conservadora, Keiko Fujimori (líder de Fuerza Popular), y el candidato de la coalición de izquierda, Roberto Sánchez.
Ambos aspirantes lograron capitalizar el descontento social en la primera vuelta y ahora buscan captar los votos de los sectores moderados e indecisos para asegurar la mayoría simple que los lleve al Palacio de Gobierno en Lima.
Dos visiones en pugna por el poder
Por un lado, Keiko Fujimori, quien compite en un balotaje presidencial por cuarta ocasión en su carrera política, centra su propuesta en la defensa del modelo económico de libre mercado establecido en la Constitución de 1993, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reactivación de los grandes proyectos mineros.
Su campaña ha apelado al voto anticomunista, presentándose como un muro de contención institucional ante un posible cambio radical en las reglas del juego financiero.
En la acera opuesta, Roberto Sánchez encabeza una propuesta de izquierda que promete reformas estructurales profundas en el aparato del Estado.
Su plan de gobierno enfatiza la necesidad de revisar los contratos de las industrias extractivas, aumentar la inversión pública en salud y educación, y promover una distribución de la riqueza más equitativa en las provincias del interior, zonas que históricamente han manifestado un fuerte descontento hacia el centralismo limeño.
Más allá de las diferencias ideológicas, el principal desafío para quien resulte ganador de los comicios será garantizar la gobernabilidad.
El próximo mandatario tendrá que lidiar con un Congreso fragmentado y atomizado, un escenario que en la última década ha propiciado constantes mociones de vacancia presidencial, renuncias forzadas y disoluciones del Legislativo.
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