EFE
El Gobierno argentino espera para manifestarse a lo que suceda en Nueva York en la decisiva reunión sobre por el conflicto con los fondos buitre, a horas de que venza el plazo para que Argentina pueda cumplir con sus acreedores de deuda reestructurada y no caer en una suspensión de pagos.
En su habitual rueda de prensa, el jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, indicó que "cualquier comunicación oficial" se dará a conocer "a través de un comunicado o del ministro de Economía, Axel Kicillof", quien encabeza desde ayer la delegación argentina que participa en los encuentros con el mediador judicial, Daniel Pollack.
Sin embargo, Capitanich reiteró que resulta "muy claro", que Argentina ha realizado "esfuerzos desde el punto de vista de un diálogo para establecer condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el cien por cien de los bonistas (tenedores de bonos)".
De igual manera, dijo, ha negociado "desde la posición de defensa del interés general de un país soberano".
El jefe de Gabinete subrayó que la reestructuración de la deuda pública argentina, que cayó en suspensión de pagos en 2001, "no fue de un día para el otro", y recordó el proceso que culminó con los canjes de 2005 y 2010.
Esas negociaciones, añadió, "fueron acompañadas por la sanción de iniciativas legislativas, que avalaron la regularización de los pagos para el 92,4 por ciento de los bonistas".
Capitanich recordó la cancelación de los compromisos de Argentina con el Fondo Monetario Internacional en 2006 y los pagos de capital e intereses a los acreedores por más de 190.000 millones de dólares en los últimos años.
"También se cancelaron 61 juicios que distintas empresas trabaron al país en el comité de solución de controversias del Banco Mundial, el Ciadi, y se concluyó la negociación para reanudar pagos al Club de París, luego de 13 años de moratoria, sin auditoría ni participación del FMI", destacó.
"Estas deudas -indicó- fueron tomadas por otros gobiernos y la cancelación al contado prevista en 2008 se frustró tras la quiebra de Lehman Brothers".
Por eso, prosiguió Capitanich, "tras consolidarse los compromisos se negoció una tasa de 3 %, con un plazo de entre 5 y 7 años, asociado a inversión directa de empresas de los países miembros".
"Estamos en una última etapa de regularización de las deudas", subrayó e insistió en que "se trata de negociaciones complejas, que requieren tiempo y horizonte previsible para generar las condiciones satisfactorias para las partes."
El jefe de Gabinete no quiso hacer ninguna valoración respecto a una posible propuesta de bancos privados argentinos que el ministro de Economía habría presentado este martes en su reunión con Pollack.
"Cuando se plantean acuerdos entre privados, es una cuestión que involucra solamente a agentes privados, no constituye una opinión del sector público", aseveró.
La oferta de los bancos supondría una garantía 250 millones de dólares para facilitar un acuerdo y evitar la suspensión de pagos, según publican medios locales.
A cambio, los acreedores de deuda reestructurada pedirían al juez estadounidense Thomas Griesa establecer una medida cautelar hasta el 1 de enero, lo que permitiría a Argentina continuar con los pagos de vencimientos de capital e intereses hasta el 31 de diciembre de este año.
Ese día vence la cláusula RUFO (derechos sobre futuras ofertas) incorporada en el prospecto de emisión de los títulos de los canjes de 2005 y 2010.