El gobierno venezolano rechazó el viernes la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de RCTV, una televisora que cesó sus transmisiones por señal abierta en mayo de 2007, después de que el gobierno del ahora ex presidente Hugo Chávez se negó a renovarle la licencia alegando que apoyó el fallido golpe de estado del 2002.
El canciller Elías Jaua en una conferencia de prensa adelantó que una sentencia favorable a los propietarios de RCTV, "no la vamos acatar por inmoral, por tarifada, por anticonstitucional y por violatoria de un principio fundamental que es la soberanía e independencia de los Estados Nacionales".
"Alertamos a todos los países de América Latina y el Caribe sobre el grave precedente que se estaría creando", indicó el canciller. "Se pretende dictar una sentencia que crearía el precedente de limitar e incluso anular competencias que tienen los estados de otorgar, renovar, prolongar o no, las concesiones del espectro radioeléctrico que es un bien de todos… no es el patrimonio de un grupo económico", destacó.
Los comentarios de Jaua se produjeron un día después que la CIDH, basada en Washington, concluyó que la no renovación de la concesión de RCTV —un canal abiertamente crítico del gobierno, que además fue obligado a retirarse tanto de la televisión por cable como vía satélite— fue violatoria del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la igualdad y no discriminación, y del debido proceso administrativo.
La Comisión anunció el jueves que envió el caso a la CorteIDH, basada en San José, Costa Rica, el 28 de febrero después de que el Estado venezolano no le informara sobre el cumplimiento de recomendaciones tales como abrir un proceso para asignar una frecuencia de televisión abierta a nivel nacional en el cual RCTV pudiera participar en igualdad de condiciones.
"La Corte está llamada a establecer cuáles son las salvaguardas sustantivas y procesales necesarias para asegurar que estos procesos no se conviertan en mecanismos de restricción indirecta del derecho a la libertad de expresión que, no obstante tener un velo de legalidad, lo que buscan es presionar o castigar y premiar o privilegiar a los comunicadores y comunicadoras sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas", dijo la Comisión en un comunicado.
Jaua aseveró que tanto la CIDH como la CorteIDH "están controladas por los dueños de los grandes medios de comunicación para garantizarse su derecho a ser el poder en naciones soberanas… por eso denunciamos nuestra presencia en la Corte Interamericana de Derechos". /AP