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Una indígena peruana que lideró una campaña para frenar la construcción de dos hidroeléctricas que implicaban el éxodo de miles de nativos amazónicos ganó el lunes el premio Goldman, el mayor galardón ambiental, junto con otros cinco activistas de India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos.
Ruth Buendía, de 37 años e integrante de la etnia asháninca, dijo a The Associated Press que sueña con un gobierno peruano que "respete el territorio, la cultura y las decisiones propias de las comunidades nativas porque ellos no se oponen a las inversiones siempre que haya consulta previa, información y atención del Estado con calidad en la educación, salud y justicia".
El premio Goldman consistente en 175.000 dólares en efectivo, para cada uno de sus ganadores, y se otorga anualmente a héroes del medio ambiente que luchan en condiciones casi totalmente adversas.
Buendía recibirá el premio en una ceremonia nocturna en el San Francisco Opera House en California junto con los otros cinco galardonados.
Los planes para construir en la selva central peruana las hidroeléctricas Pakitzapango y Tambo 40 por parte de la brasileña Odebrecht están detenidos desde 2011 tras la oposición de los ashánincas, la etnia amazónica más numerosa de Perú.
La Central Asháninca del Río Ene (Care), institución que dirige Buendía, usó acciones de amparo ante la justicia peruana argumentando que los planes para construir las dos hidroeléctricas rompían la ley porque no se habían realizado procesos de consulta previa en las comunidades donde se iban a edificar las represas.
Según datos oficiales, Pakitzapango tenía proyectado producir 2.200 MW, poco más del doble de la producción de la más grande hidroeléctrica del país, mientras que Tambo 40 unos 1.287 MW.
Las hidroeléctricas iban a inundar en conjunto más de 9.000 hectáreas y unos 24.000 ashánincas habrían tenido que salir de los territorios de sus comunidades, colindantes con el río Ene.
Perú y Brasil firmaron en 2010 un acuerdo para construir 15 hidroeléctricas, entre ellas Pakitzapango y Tambo 40, principalmente para vender energía al gigante de Sudamérica. Ninguna represa se ha construido al momento.
Buendía, activista por los derechos indígenas y madre de cinco hijos, comentó que "hubo una dura lucha de convencimiento incluso a mis hermanos ashánincas, pero las mujeres me apoyaron más rápido, las mamás de la comunidad que han pasado la violencia social ya no quieren pasar de nuevo el desplazamiento que nos iban hacer con las hidroeléctricas".
La etnia asháninca fue esclavizada y sometida a tratos crueles por la guerrilla Sendero Luminoso desde la década de 1980 durante el conflicto armado interno con las fuerzas de seguridad que culminó en 2000. La Comisión de la Verdad calcula que 6.000 ashánincas fueron asesinados en ese periodo y otros 10.000 tuvieron que realizar un éxodo forzado para evitar la muerte.
En 1990 y apenas cumplidos los 12 años Buendía escapó de su tierra natal Cutivireni hasta una barriada de Lima para sobrevivir luego de que su padre fue asesinado y su hermana mayor secuestrada por tropas de Sendero Luminoso.
"Vimos tantos horrores, tantas matanzas, que todos escapábamos. Ese acontecimiento de tener que dejar nuestras casas es el mismo que nos vino a la mente hace pocos años cuando nos enteramos de las hidroeléctricas", afirmó.
Pero la vida dura para los Ashánincas continúa. "Hay comunidades como Potsoteni y Unión Puerto Asháninca donde el 82% de los niños tiene desnutrición crónica, otras como Boca Anapate donde el colegio sigue vacío por falta de profesores, el estado no ha llegado hasta ahora", dice.
2014-04-28