EFE
Dirigentes del movimiento Pachakutik, grupo político del colectivo indígena en la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, anunciaron hoy que el legislador de sus filas Cléver Jiménez está "a buen recaudo" tras emitirse este viernes una orden de prisión contra él.
Jiménez fue condenado por un tribunal a 18 meses de prisión tras declarar maliciosas y temerarias unas acusaciones suyas contra el presidente del país, Rafael Correa, que le demandó por injurias.
La jueza Lucy Blacio emitió órdenes de encarcelamiento contra Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio (que se encuentra en Estados Unidos) y el médico Carlos Figueroa, este último condenado a seis meses de prisión en el mismo caso.
El prefecto de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, el indígena Salvador Quishpe, dijo en una rueda de prensa que Jiménez se encuentra en el país y que está "a buen recaudo".
No obstante, aceptó que el legislador podría ser apresado, según dijo, para acallar una serie de denuncias contra el Gobierno de Correa.
"El Gobierno sabe de la información que Cléver Jiménez tiene en sus manos, eso es lo que le preocupa (…) Van a tratar de ocultar esa información, no lo vamos a permitir", afirmó Quishpe al señalar que si por alguna razón el legislador no puede continuar con sus denuncias éstas serán planteadas por los dirigentes indígenas.
Aunque no detalló dichas denuncias, Quishpe dijo que el próximo 30 de marzo se celebrará una reunión en la localidad de El Pangui, en Zamora Chinchipe, "para revelar a la luz pública una serie de hechos violatorios a la ley".
El abogado de Jiménez, César Sarango, dijo que si su cliente es detenido presentará un recurso de "hábeas corpus" por considerar que se han violado los derechos del congresista.
Asimismo, indicó que apelarán la condena ante "organismos internacionales, con recursos como amnistía", entre otros, según informó la cadena de televisión Ecuavisa en su portal web.
Jiménez, Villavicencio y Figueroa fueron denunciados por Correa ante unas acusaciones que hicieron contra él en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.
Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
Ellos presentaron su denuncia a la Fiscalía, que no la acogió y la calificó de temeraria y maliciosa al no haberse demostrado la versión, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias.