El Senado chileno aprobó hoy el nombramiento de la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesich, como integrante de la Corte Suprema, pese a la resistencia de sectores políticos de oposición.
Chevesich, que tuvo que defenderse de su postura ante algunos fallos judiciales sobre violaciones de derechos humanos, del respaldo a una empresa de ventas minoristas ante denuncias de consumidores y de su desempeño en la indagación de un escándalo que afectó al Ministerio de Obras Públicas, obtuvo 26 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones.
Los senadores que apoyaron el nombramiento de la jueza, propuesta por el presidente Sebastián Piñera, destacaron sus buenas calificaciones a lo largo de su carrera judicial, su independencia demostrada en fallos relacionados con diversas materias y la eficiencia a la hora de desarrollar los procesos que ha tenido a cargo.
Entre los legisladores que apoyaron la designación de Chevesich, como integrante de la Corte Suprema destacaron los oficialistas Hernán Larraín, Carlos Kuschel, Alberto Espina y Francisco Chahuán y de la oposición Patricio Walker, Camilo Escalona y Fulvio Rossi.
Entre los votos en contra, destacó el de los senadores socialistas Juan Pablo Letelier e Isabel Allende y del senador del Partido por la Democracia Ricardo Lagos Weber, que argumentaron su postura frente a algunos emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos que ella tuvo que resolver.
En una sesión anterior en el Senado, la jueza dijo que aquellos que realizaron esas acusaciones no leyeron las sentencias y explicó: "En mi concepto, si no hay prueba en el proceso que el imputado antes del 73 (año del Golpe de Estado) tenía una conducta proba e irreprochable en materia penal, necesariamente debo reconocerla, porque es una circunstancia de carácter objetivo".
Los legisladores aludían a Manuel Contreras Sepúlveda, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que actualmente acumula condenas por más de 270 años de prisión por los crímenes cometidos por los agentes del organismo a su cargo.
Una opinión contraria manifestó el senador socialista Camilo Escalona, que voto a favor de la jueza especialmente por su labor en el escándalo del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa de Gestión Administrativa y Territorial Gate conocido como el caso MOP-Gate.
"Esa investigación fue importante para Chile, yo era parte del Gobierno cuyos funcionarios fueron sancionados y me la jugué por la defensa a ultranza del Gobierno, pero tengo la altura moral para decir que su investigación fue valiente y necesaria para el país", dijo.
El proceso conocido como MOP-Gate, estuvo referido al presunto desvío de fondos en la época en que el expresidente Ricardo Lagos se desempeñó como ministro de Obras Públicas (1994-1998).
El dinero, según la investigación judicial, se habría desviado a través de empresas contratistas de concesiones de autopistas y habrían servido para pagar sobresueldos o para financiar la campaña electoral de la coalición gobernante en 1999.
Por el caso fueron procesados el exministro de Obras Públicas Carlos Cruz, que en la época de los hechos era el responsable del programa de concesiones, y otros funcionarios, entre ellos Matías de la Fuente, asesor y pariente de Lagos.
El expresidente Lagos (2000-2006) también debió declarar en este caso por escrito y en calidad de testigo ante la jueza Chevesich, quien investigó las irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas. /EFE