La Justicia uruguaya autorizó que se le practicara un aborto a una niña de 12 años que fue abusada sexualmente y quedó embaraza, confirmaron fuentes judiciales.
El caso se registró en la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, al norte de Uruguay y limítrofe con Brasil.
El juez de la causa, Humberto Verri, procesó con prisión por abuso de menores a un peón rural de 75 años que desde hacía dos mantenía relaciones sexuales con la niña por la que pagaba entre 25 y 50 pesos (1,3 y 2,6 dólares).
La niña era llevada a los encuentros por una hermana de 16 años, que también se prostituía.
El juez detalló en declaraciones que publica la página digital del diario El Observador que las niñas pertenecen a una familia de diez hijos que viven en la pobreza extrema.
Durante la investigación judicial no se pudo determinar si los padres de las niñas tenían conocimiento de la situación.
Tras comprobarse el embarazo la justicia y la Administración de Servicios Sanitarios del Estado (ASSE) autorizaron el aborto.
El Parlamento uruguayo aprobó a finales del pasado año despenalizar el aborto en medio de una polémica popular.
La nueva legislación de interrupción del embarazo, que fue aprobada con escasa mayoría y en medio de una gran controversia por las dos cámaras parlamentarias, despenaliza el aborto en caso de mujeres mayores de edad y hasta la semana 12 de gestación siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Así, las uruguayas y las extranjeras con al menos un año de residencia en el país pueden solicitar la interrupción de su embarazo de forma libre.
Previamente, la paciente debe pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que la asesora sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
Después tiene cinco días para reflexionar y si luego ratifica su voluntad se le practica el aborto, farmacológico y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En enero pasado, primer mes de aplicación efectiva de la ley, se realizaron unas 200 interrupciones de embarazos en Uruguay.
A pesar de que hasta ahora estuvo penado por la ley, en el país se practican más de 30.000 abortos anuales según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.
Algunos legisladores que se oponen a la ley, con el apoyo de organizaciones sociales, iniciaron una campaña y lograron el apoyo de 52.000 personas, firmas necesarias para impulsar un "acto de adhesión" como primer paso en la búsqueda de derogarla.
A partir de ese apoyo la Corte Electoral convocó para el 23 de junio a los uruguayos que lo deseen para pronunciarse en las urnas sobre si quieren o no que haya un referéndum por el tema de la ley de aborto.
Para seguir adelante con el proceso se necesita que el 25% del padrón electoral, unas 654.000 personas, apoyen con su voto el pedido de referéndum./EFE