Todavía no ha iniciado el correspondiente trámite parlamentario y ya se conoce como "ley mordaza". La futura ley de seguridad ciudadana ha suscitado recientemente duras críticas entre los sectores progresistas del país y ha vuelto a cuestionar la agenda ideológica del gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Apenas unas horas después de que el Ejecutivo aprobara el anteproyecto de ley, el viernes, un millar de personas salió a la calle en Madrid para mostrar el rechazo a una norma que sancionará las protestas ilegales con multas de hasta 600.000 euros (más de 800.000 dólares).
La izquierda la califica como una ley "represiva" que devuelve a los ciudadanos a los tiempos turbios de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y que pretende frenar los movimientos sociales que más preocupan al gobierno del Partido Popular (PP).
"Es una autopista hacia la involución, que trata de evitar que los ciudadanos ejerzan su derecho a la protesta", expresó el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara.
El Partido Socialista (PSOE), principal fuerza de la oposición, acusó al gobierno de "querer meter miedo y sembrar la parálisis" entre los ciudadanos.
El Ejecutivo, por el contrario, sostiene que el principal objetivo de la futura norma es "garantizar la seguridad" y la convivencia "libre, pacífica y democrática" en España y sancionar los comportamientos ilegales.
Para los colectivos sociales, Rajoy está legislando "en caliente" en un contexto de crisis e indignación ciudadana por los recortes y por sus políticas de gobierno. A pesar de haber suavizado un primer borrador de la futura ley, consideran que las medidas son desmesuradas.
Manifestarse ante el Congreso de los Diputados estará penado con hasta 30.000 euros (más de 40.700 dólares). Lo mismo que intentar impedir la ejecución de un desahucio, alterar el orden público yendo encapuchado, resistirse ante las fuerzas de seguridad o escalar edificios públicos como forma de protesta.
Si las manifestaciones o reuniones "no comunicadas" se realizan en lugares "críticos", como aeropuertos o centrales nucleares, la multa puede ascender a los 600.000 euros. Una sanción idéntica podría alcanzar una perturbación "muy grave" en un acto público o una manifestación en el periodo comprendido entre el final de una campaña electoral y el comienzo de la votación.
Buena parte de estas sanciones se relacionan con iniciativas surgidas en los últimos dos años en España: los "escraches" o acoso a políticos, la resistencia a los desahucios, las acampadas del movimiento 15-M o las convocatorias de "Rodea el Congreso", que arrancaron en octubre de 2012 y congregaron a miles de personas en torno al Parlamento español.
Todo ello se blinda ahora en la futura ley. La oposición y los movimientos críticos insisten: "El gobierno de Rajoy se ha dedicado en la primer legislatura a recortar derechos y ahora en la segunda a recortar libertades".
El anteproyecto incluye, además, multas de hasta 30.000 euros (más de 40.000 dólares) para quien lance consignas "vejatorias u ofensivas" contra España u otras instituciones, en un momento de fuerte tensión soberanista con la región de Cataluña./DPA