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Un tribunal abrió juicio al líder opositor venezolano Leopoldo López y le negó la libertad condicional mientras es procesado por supuestamente promover hechos violentos, informaron la Fiscalía y sus defensores la madrugada del jueves.
Luego de una maratónica audiencia que se prolongó por más de tres días, la jueza que lleva el caso, Adriana López, determinó que el opositor será sometido a juicio privado de libertad y ratificó los cuatro cargos en su contra, dijo a The Associated Press el abogado Bernardo Pulido, uno de los tres defensores de López.
El tribunal capitalino admitió la acusación de la Fiscalía contra López por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir y determinó que deberá permanecer recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
De ser declarado culpable de los cuatro cargos el dirigente del partido Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, según estimaciones de la Fiscalía.
Por este caso la jueza también ordenó el enjuiciamiento de dos jóvenes por presuntamente ser autores de los delitos de instigación pública, incendio, daños y asociación ilícita; mientras que otros dos fueron acusados de instigación para delinquir.
Tras conocer la decisión, López expresó, en corto escrito que difundió el jueves su partido, que "luego de recibir una llamada, la juez Adriana López vendió su conciencia al poder corrupto ratificando la medida de mantenernos presos". El dirigente fustigó con dureza a Maduro, al que llamó "cobarde", y dijo que "tienen razón de tenernos miedo. Con todo su abuso de poder, su corrupción y antidemocracia no podrán contra el bravo pueblo de Venezuela que unidos lograremos la derrota de la dictadura por el camino popular, democrático y Constitucional".
El alcalde opositor del municipio capitalino de El Hatillo y dirigente de Voluntad Popular, David Smolansky, dijo a AP, en entrevista telefónica, que al dirigente opositor "necesitan tenerlo preso ante esa amenaza que representa para el régimen y sobre todo el liderazgo y la alternativa que representa Leopoldo y Voluntad Popular a millones de venezolanos".
Descartó que la decisión judicial pueda debilitar al partido: "No nos vamos a doblegar, arrodillar, ni silenciar ante un régimen que sencillamente a través del control de las instituciones, la intimidación, la persecución y la amenaza quiere que claudiquemos en una lucha por sencillamente querer vivir mejor", afirmó.
Freddy Guevara, coordinador político nacional adjunto de Voluntad Popular, convocó a una concentración el 8 de junio en una plaza del este de la capital para protestar contra el juicio a López.
El gobernador del estado central de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles publicó en su cuenta de Twitter : "Que la injusticia nos dé más fuerzas para unirnos todos y seguir luchando por ese cambio". Sostuvo que los jueces son "mandaderos" del gobierno.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Ángel Alvarez, dijo a AP que no cree que la decisión judicial vaya a producir un cambio importante en los acontecimientos que suceden en el país. Alvarez afirmó que tal vez se dé un impacto entre los seguidores de López que "reaccionarán enérgicamente y protestarán de alguna manera" pero insistió en que no cree que las protestas alcancen mayores dimensiones.
Los incidentes han dejado 42 muertos, 873 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 174 permanecen arrestados.
Los abogados de López sostienen que durante su presentación de alegatos la Fiscalía General no logró mostrar ninguna evidencia que vincule al opositor con los cuatro delitos de los que se lo acusa y los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero en el centro de Caracas tras una marcha opositora.
"La Fiscalía hizo una acusación sin base, mal ejecutada y temeraria y ahora trata de cambiar de fondo" la demanda, dijo horas antes a AP Roberto Marrero, otro de los defensores de López.
Entre los alegatos contra López la Fiscalía incluyó 120 evidencias y 76 testigos, de los cuales 54 son policías judiciales y 15 son funcionarios de seguridad de la Fiscalía.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de una inflación desbordada -que alcanzó en marzo una tasa anual de 59%-, el desabastecimiento de productos básicos y un alto índice de delincuencia.