El ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, solicitó hoy a las autoridades de Egipto que "revisen" las condenas a muerte de 720 islamistas dictadas por un tribunal de ese país, de las que 37 son definitivas, y que "garanticen los derechos humanos".
Londres se opone a la pena de muerte "en cualquier circunstancia, por principios", señaló Hague en un comunicado del Foreign Office en respuesta a la condena masiva anunciada en Egipto, al tiempo que subrayó que el Reino Unido "es un sólido amigo del pueblo egipcio".
La Corte Penal de la ciudad meridional de Minia procesó hoy a unas 1.200 personas, en dos "macrojuicios" sin precedentes, ante los familiares de los acusados, que no han contado con garantías legales, según abogados y defensores de derechos humanos consultados por Efe.
De las 720 personas condenadas a muerte, 37 conocieron en marzo la sentencia que ya es definitiva, mientras que un total de 683, entre ellos el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, conocieron hoy su pena, si bien tendrán que esperar al dictamen no vinculante del muftí de Egipto, Shauqui Alam.
Alam, la máxima autoridad religiosa del país, se pronunciará antes de que el tribunal emita un fallo definitivo el próximo 21 de junio.
La sentencia de los 491 procesados restantes fue conmutada por cadena perpetua.
Hague lamentó que, según las últimas informaciones, muchos acusados hayan sido juzgados en ausencia "y sin contar con la debida representación legal en los tribunales".
El titular del Foreign Office alertó de que estas sentencias dañan la reputación del sistema judicial de Egipto y, probablemente, "debilitan la confianza internacional en el proceso de reforma y democratización" del país.
"Estoy particularmente preocupado por el potencial impacto negativo de estas sentencias en la habilidad del Gobierno egipcio de llevar a cabo un proceso político inclusivo, que es la mejor forma de conseguir la estabilidad en Egipto a largo plazo y de afrontar los retos del país", afirmó el jefe de la diplomacia británica.
Los acusados afrontaban los cargos de asaltar instituciones públicas y la comisaría del distrito de Al Edua, en la provincia de Minia, así como de asesinar a un policía. EFE