DPA
En los últimos años, los mexicanos se acostumbraron a ver a policías y militares armados hasta los dientes buscando a líderes criminales. Atrapaban a uno y enseguida surgía otro. Y el imperio patrimonial seguía intacto.
Ninguna empresa sancionada. Ningún ejecutivo de cuello blanco apresado por hacer negocios en sectores legales de la economía, a través de empresas constituidas legalmente, para lavar dinero del crimen organizado.
En Estados Unidos desde 2000 el Departamento del Tesoro identificó, congeló bienes y bloqueó operaciones de más de 1.300 empresas y personas vinculadas con cabecillas del narcotráfico. Mientras tanto, en México no pasaba nada.
Ahora las autoridades mexicanas se disponen a dar un paso que podría ser el inicio de un cambio. No obstante, el especialista uruguayo Edgardo Buscaglia, uno de los mayores investigadores del tema y autor del libro "Vacíos de poder en México", advierte que no será suficiente.
De acuerdo con el anuncio que hizo el sábado en Washington el secretario (ministro) de Hacienda de México, Luis Videgaray, México emitirá su propia lista de empresas y personas a las que les bloqueará el acceso al sistema financiero.
Todo el que esté incluido "estará impedido para realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier otra institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda", adelantó Videgaray.
En su lista, que se emitirá en los próximos días, México incorporará los objetivos ya identificados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense y las listas de Naciones Unidas.
"Por primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista y que ésta le impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estos individuos", explicó Videgaray.
Para Buscaglia, México no tiene la capacidad de identificar la penetración de los grupos criminales en los sectores reales de la economía, más allá del sector financiero.
"El sistema financiero es solamente un pedacito de la economía. De la parte no financiera se encargan unidades de investigación patrimonial, que es algo distinto a las unidades de investigación financiera", dijo en entrevista con la agencia dpa Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana e investigador de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.
"Hay miles y miles de escrituraciones de notarios públicos de propiedades que fueron transferidas por la fuerza, bajo amenazas", afirmó. "Los Zetas y el cártel de Sinaloa han adquirido miles de propiedades de esta manera. Fuerzan la escrituración en los registros de propiedad. No hay una transacción financiera para identificar estas propiedades".
Hace un mes, en un huerto de aguacates de Uruapan, en el violento estado de Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con productores agrícolas.
Uno de los dirigentes del sector le pidió entonces que se avanzara en la devolución a sus legítimos dueños de huertos arrebatados por el crimen organizado y se investigara a funcionarios y notarios que legalizaron esas expropiaciones.
También la industria minera ha denunciado el arrebato por la fuerza de lotes por parte de crimen organizado, en particular el cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán.
El presidente de la Cámara del Hierro y el Acero, Alonso Ancira, reveló que empresas mineras con concesiones legales son forzadas por los grupos criminales a entregarles áreas de explotación.
"Si se acerca el dueño le dicen sálgase porque si no va a ir usted a visitar a la Virgen de Guadalupe, y no precisamente a la Basílica", ilustró.
Buscaglia calcula que el 90 por ciento de las operaciones de los grupos criminales quedaría fuera de la lista que elaborará el gobierno mexicano y afirma que, para poder identificar verdaderamente a las empresas en los registros de propiedad, hacen falta unidades de investigación patrimonial en los estados y a nivel federal que actualmente no existen.
"En México los registros de propiedad no están digitalizados y no se puede cruzar información", indicó. Se necesita ver "qué nombres están incluidos en los directorios de las empresas, mandar auditores tributarios para identificar flujos no justificados de ingresos".
"Tengo una muy positiva imagen de la actitud que ha tomado el gobierno", dice el especialista. Pero el problema de las redes patrimoniales en la economía real "no lo van a resolver porque no hay capacidad de investigación".
Por ahora, "es una acción política, sin capacidad de implementación en la práctica", agrega. "Políticamente es importante, pero es un acto simbólico".
2014-04-13