Motines y ataques sacuden Guatemala: estado de sitio y siete policías muertos

El Ejecutivo reiteró que el estado de sitio busca garantizar la seguridad de la población y debilitar a los grupos criminales que operan desde los centros penitenciarios.

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 10:10 am

Guatemala vive momentos de alta tensión tras la decisión del Gobierno de decretar un estado de sitio en todo el país por 30 días, como respuesta a una escalada de violencia vinculada a motines en varias prisiones. 

La medida fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo luego de una serie de hechos que derivaron en ataques contra cuerpos de seguridad y dejaron siete policías fallecidos, según cifras oficiales.

¿En qué afecta el estado de sitio a los ciudadanos?

El Ejecutivo aseguró que la aplicación del estado de sitio no altera la vida cotidiana de los ciudadanos, ni limita la movilidad ni la actividad comercial. No obstante, se informó que las clases fueron suspendidas únicamente por un día, como acción preventiva. 

El decreto permitirá reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y destinar mayores recursos a la lucha contra la delincuencia organizada.

La crisis se originó tras motines coordinados en tres de las principales cárceles del país, específicamente en Fraijanes 2, Renovación 1 y parte de la prisión preventiva de la zona 18. Durante los disturbios, varios funcionarios fueron tomados como rehenes, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a desplegar operativos especiales para recuperar el control de los recintos penitenciarios.

Una vez retomadas las cárceles, el Gobierno denunció que grupos criminales lanzaron ataques armados contra la Policía Nacional Civil, en represalia por las acciones del Estado. 

Estos hechos, calificados como actos de intimidación, provocaron la muerte de siete agentes, aumentando la presión sobre las autoridades y profundizando la crisis de seguridad.

Según el presidente Arévalo, los disturbios son una reacción directa a los cambios impulsados en el sistema carcelario, que buscan eliminar privilegios y recuperar el control del Estado dentro de las prisiones. 

Entre las medidas anunciadas destaca la futura implementación de sistemas de identificación y monitoreo biométrico, con el objetivo de frenar el poder de las pandillas.

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