EFE
Cuando la arquidiócesis de Los Ángeles daba por cerrado el capítulo de demandas por abuso sexual con un acuerdo de 13 millones, una nueva denuncia en una escuela católica por parte de un voluntario remueve las historias de encubrimiento en el pasado por parte de jerarcas católicos.
En el mismo día en que representantes legales de 17 demandantes y de la arquidiócesis anunciaban un acuerdo para zanjar las últimas demandas por abuso sexual cometido por sacerdotes y miembros de la arquidiócesis en años pasados, un padre de familia anunció hoy la presentación de otra demanda por abuso contra su hija.
Herminio Ortiz y su abogado Luis Carrillo, anunciaron la presentación de la queja legal por un supuesto abuso contra la menor por parte de un entrenador voluntario que ayudaba en un equipo de la Escuela Elemental San Diego ("St. Didacus").
Ortiz, quien destacó que la situación es bien difícil tanto para él, para su familia o para su hija, afirmó que el responsable del abuso es Epifanio Nevárez quien fuera condenado por actos lascivos con un menor en septiembre del 2013.
"Específicamente, él estuvo en contacto con esta menor y la llevó de la escuela a su casa para hacerla participar en juegos sexuales", alega la demanda.
Para Carrillo, la acción legal busca cambios en la arquidiócesis, "para que ellos examinen a cualquier voluntario como lo hacen con un profesor", así como también busca modificaciones en la leyes estatales.
"Queremos cambios en la ley estatal para que a las instituciones públicas y privadas se les requiera mantener quejas de mala conducta de los profesores o los administradores por 20 años y no por cinco", explicó hoy Carrillo a Efe.
La arquidiócesis aclaró a través de un comunicado que sus políticas "no permiten que nadie con una denuncia creíble de abuso de menores trabaje o sea voluntario en ningún ministerio".
"La seguridad y protección de los niños y la gente joven es nuestra más absoluta prioridad", aseguró la arquidiócesis mientras invitaba a cualquiera que sepa o sospeche de algún abuso a acudir a las autoridades o a la arquidiócesis.
Igualmente recalcó que "Epifanio Nevárez era un representante, designado por los padres, para sus nietos, quienes eran estudiantes de la Escuela San Diego".
En julio del 2007 la Arquidiócesis de Los Ángeles firmó un acuerdo ante el juez Haley Fromholtz de la Corte Superior de Los Ángeles, por un valor total de 660 millones de dólares poniendo fin a más de cinco años de negociaciones por casos de demandas de abuso sexual.
El arreglo incluyó más de 500 supuestas víctimas de abuso sexual por parte de miembros del clero y de la arquidiócesis y constituyó la suma más alta pagada por cualquier diócesis en Estados Unidos.
Como parte del acuerdo, la arquidiócesis se comprometió a no bloquear las peticiones de hacer públicos los registros sobre denuncias de abuso sexual en sus archivos.
El entonces arzobispo, el cardenal Roger Mahony, figura central en todo el proceso, ha sido acusado en varias de las demandas de haber encubierto las acciones de algunos sacerdotes, ordenando que no se denunciaran los casos a la policía y trasladando los supuestos victimarios a otras parroquias.
Esther Miller declaró hoy en una rueda de prensa que "ama profundamente a la Iglesia Católica" pero que es una sobreviviente del abuso por parte de un sacerdote y animó a otras personas que hayan sufrido abuso a que "pasen de ser víctimas a ser sobrevivientes".
Reconociendo el problema, la arquidiócesis anunció una política de transparencia y cero tolerancia ante el abuso por parte de sus miembros e inició un esfuerzo especial de prevención entre sus feligreses.
Desde hace más de 10 años implementó la iniciativa "Protegiendo a nuestros niños" que comprende un entrenamiento obligatorio de prevención de abuso de menores a través del programa VIRTUS, para todas las personas que trabajan o son voluntarios con niños y jóvenes en las parroquias y escuelas arquidiocesanas.
En el 2013 fueron entrenados en el programa "29.848 Clérigos, empleados y voluntarios para un total de más de 200.000 adultos en los últimos 12 años", informó la arquidiócesis.
Según los datos, se ha entrenado a más de 1 millón de niños y jóvenes para estar alerta sobre un posible inicio de abuso y "se han tomado huellas digitales a 132.000 clérigos, empleados y voluntarios que están en contacto con los niños".