Anualmente mueren en Nicaragua de 12 a 15 mujeres embarazadas desde que por ley está prohibido en este país el aborto terapéutico, advirtió hoy la ONG Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico.
"De 12 a 15 mujeres por año pudieron haber salvado sus vidas si los médicos les hubieran hecho el tratamiento de interrumpir el embarazo para salvas sus vidas", dijo a periodistas Martha María Blandón, representante del Grupo Estratégico, que se manifestó este lunes frente a la Corte Suprema de Justicia a favor de restituir esa figura en la legislación nacional.
Las mujeres que están a favor del aborto terapéutico se reúnen anualmente en las afueras de la Suprema Corte para insistir en que esa práctica sea despenalizada, recordó Blandón, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
Ese grupo denunció que lleva cinco años sin recibir respuesta del máximo tribunal sobre un recurso por inconstitucionalidad que interpuso contra la penalización del aborto terapéutico.
Para la coordinadora del grupo, Wendy Flores, la situación no parece mejorar, ya que "los embarazos en niñas menores de 14 años se ha aumentado en un 47 %", aseguró.
"Parece ser que esto (las estadísticas) no logran llamar la atención sobre la responsabilidad que tiene la Corte de promover, salvaguardar y proteger los derechos de la niñez", señaló Flores.
La excusa de los magistrados "siempre es la misma", denunciaron las mujeres, puesto que prometen tramitar el recurso por inconstitucionalidad, pero no su respuesta.
"No nos vamos a cansar, es un derecho, lo vamos a reclamar, seguimos buscando las evidencias, mostrando que tenemos razón y quizá algún día cambie (la decisión)", insistió Flores.
Grupo Estratégico, apoyado por las organizaciones feministas del país, teme que el tiempo pase sin que el Gobierno tome en cuenta la situación de mujeres con cáncer, lupus o leucemia, así como de las menores de edad y las violadas.
"Aunque se salve su vida después de un embarazo, el deterioro que les queda es muy importante", sostuvo la líder de la ONG.
En el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de 2006, el Parlamento nicaragüense escuchó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico, que figuraba en el Código Penal del país desde hacía más de un siglo.
La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era "determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer".
El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega se ha declarado a favor de la penalización del aborto terapéutico.
Por su parte, una delegación de Amnistía Internacional (AI) que visitó Nicaragua en julio de 2011, pidió la restitución de esa práctica para el caso de niñas víctimas de violación y mujeres cuyo embarazo ponga en riesgo su vida. /EFE