DPA
La procuradora general de Panamá, Ana Belfon, dijo hoy que solicitó asistencia judicial a Italia sobre el proceso por corrupción iniciado contra el empresario italiano Valter Lavítola, que alcanzaría a funcionarios del país americano.
El pedido de Belfon fue realizado luego del llamamiento a juicio, para el 23 de junio, de Lavitola, ex director del diario italiano Avanti, junto al ex presidente comercial de la firma Finmeccanica, Paolo Pozzessere, por corrupción internacional y el pago de presuntos sobornos en Panamá.
Belfon aclaró que nunca fueron solicitadas a la Procuraduría copias de los contratos, ni se ha enviado respuesta sobre fórmulas de pago de compras de equipos de seguridad adquiridos por el Estado panameño, por acuerdos entre el presidente de Panamá Ricardo Martinelli y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
Hasta ahora, la procuradora general había dicho que no reabriría la investigación del caso Lavitola, debido a la falta de pruebas, pese a que organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición exigieron una investigación ante un posible fraude en la compra de radares, helicópteros y lanchas a empresas italianas.
Dos ex ejecutivos del grupo Finmeccanica, entre ellos el ex jefe de las relaciones exteriores, Lorenzo Borgogni, fueron puestos bajo arresto domiciliario por autoridades italianas por el cargo de conspiración y corrupción en Italia, en negocios que se extendieron a Panamá.
Al respecto, el candidato presidencial por el socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, aseveró que de llegar al poder "el Estado panameño se va a adherir en Roma al caso legal por corrupción internacional contra Finmeccanica".
"Devolveremos de inmediato" la totalidad de los equipos como radares, helicópteros, mapas digitales u otros, producto de dichas "transacciones fraudulentas", puntualizó el político.
Navarro reseñó que "suspenderemos de manera inmediata y definitiva cualquier pago que se adeude (el estado panameño) por la compra de dichos equipos, suma que en el contrato denunciado asciende a 180 millones de euros (250 millones de dólares)".
Asimismo, sostuvo que se exigirá "la devolución de cualquier pago realizado hasta la fecha para esta compra fraudulenta".