Paola Ñáñez/AVN
El presidente de México, Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas con las que afirma se fortalecerá al Estado de Derecho en la nación centroamericana, ante la creciente ola de manifestaciones para exigir justicia por la desaparicio de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Entre los puntos propuestos por el mandatario resalta una posible reforma constitucional para impedir la infiltración del crimen organizado en los municipios, luego que la Procuraduría General de México anunciara que los jóvenes fueron entregados el 26 de septiembre pasado por miembros de las policías municipales de Iguala y Cocula, presuntamente viciadas, al grupo delictivo Guerreros Unidos.
"México no puede seguir así, y tienen razón", dijo Peña Nieto citado por el diario local La Jornada en referencia a las manifestaciones que se han desarrollado en todo el país para exigir justicia frente al caso.
Durante el acto denominado "Por un México en paz con justicia y desarrollo", reconoció que existe debilidad en el sistema institucional mexicano.
En su discurso, Peña Nieto dijo que impulsará la creación de policías estatales únicas. Los primeros cuatro estados serán Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, estado este último donde durante las labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos se han encontrado -al menos- 40 fosas comunes, con cuerpos de personas presuntamente asesinadas por organizaciones criminales que operan en México.
Otra de las medidas en palabras del mandatario mexicano busca mejorar el acceso a la justicia con énfasis en los juicios orales. Asimismo, se prevé la actualización de los instrumentos sobre derechos humanos, para lo cual se busca fortalecer los protocolos para aplicar las leyes relacionadas con tortura y desapariciones forzadas.
Además, Peña Nieto prometió la creación de un sistema de búsqueda de personas no localizadas.
"Como padre, como ciudadano, comparto la exigencia de justicia", refirió Peña Nieto, quien se pronunció sobre la desaparición de los jóvenes luego de 10 días.
Las investigaciones de la Procuraduría de México, que han sido cuestionadas por organizaciones no gubernamentales, revelan que los jóvenes fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Basada en declaraciones de tres miembros del referido grupo delictivo, la Procuraduría señala que alrededor de 15 de los estudiantes murieron presuntamente por asfixia, mientras que los demás fueron ejecutados en el lugar, y posteriormente todos juntos fueron incinerados.