DPA
El Tercer Juzgado de la provincia peruana de Santa dictaminó hoy 18 meses de prisión preventiva para el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, acusado del homicidio de su adversario político, el ex consejero Ezequiel Nolasco, y de asociación ilícita para delinquir.
La orden, emitida por el juez Richard Concepción, alcanza también al asesor de Álvarez, Jorge Burgos, y a cuatro periodistas cercanos a él, aunque dos de ellos se encuentran actualmente prófugos de la justicia.
Álvarez fue capturado hace dos semanas en medio de una gran expectación en Lima por la gravedad de las acusaciones en su contra, y es sindicado como el responsable de la violencia y la corrupción que existe en Áncash, donde ya han sido asesinados ocho dirigentes de la oposición.
El presidente regional es acusado además de manejar un centro de espionaje en la ciudad de Chimbote, caso conocido como "La Centralita", y por el que se ha ampliado el tiempo de prisión preventiva.
En la orden, Concepción solicita al Ministerio Público pronunciarse sobre la situación judicial del congresista Heriberto Benítez, del partido conservador Solidaridad Nacional; y del abogado Rolando Orellana; a quienes las investigaciones señalan como colaboradores de Álvarez y como los líderes de la red de espionaje en Chimbote.
La hija de Nolasco, Fiorella, una de las mayores impulsoras de la detención del presidente regional y de las denuncias de corrupción en su contra, saludó la decisión del juez por considerarla "correcta".
"Las pruebas son más que contundentes. Las pruebas dejan claro la existencia de ‘La Centralita’. Felicito esta acción y espero que en este tiempo se pueda incluir a las personas que faltan", manifestó para Canal N.
La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía ampliar el número de implicados en ese caso, por contar con una gran cantidad de información, documentos y testigos que involucran a otras personas, según dijo en la víspera el titular de ese despacho, Christian Salas.
El presidente regional, un populista de derecha de 46 años, en el cargo desde 2007, niega las acusaciones y, en señal de fastidio por la supuesta tendencia a culparlo de la violencia que se da en la región, anunció en abril que no buscará la reelección.