DPA
El presidente chileno, Sebastián Piñera, autorizó hoy a sus asesores a borrar sus correos electrónicos institucionales, desatando una polémica con la Justicia y el Congreso, un día antes de abandonar el poder.
"Algo quieren ocultar", alertó el presidente de la Cámara Alta, el opositor y demócrata cristiano Jorge Pizarro, aliado de la presidenta electa Michelle Bachelet, quien asume este martes el poder.
Por su parte, la Fiscalía envió un oficio al gobierno pidiendo detener la medida, puesto que puede complicar varias investigaciones penales en curso contra funcionarios públicos.
Hasta antes del decreto firmado por Piñera, la norma obligaba a los funcionarios públicos a mantener por al menos seis años los mensajes enviados y recibidos en los correos institucionales.
"Ahora no sabemos qué pasará con la memoria digital", comentó al respecto la directora de la ONG ProAcceso, María José Poblete.
Desde 2002, Chile posee una ley de Transparencia y un consejo autónomo ad hoc que garantizan un amplio acceso a la información pública, aunque con restricciones en ámbitos considerados de seguridad nacional.