La concesión de un proyecto para ampliar una importante carretera, otorgada a la firma brasileña OAS, se convirtió en una nueva brasa para el gobierno de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ante la oposición de grupos cívicos que exigen la anulación del contrato.
El proyecto, que busca ampliar la ruta de unos 50 kilómetros entre San José y la ciudad de San Ramón, en el occidente costarricense, desembocó en una avalancha de protestas, que alcanzaron el punto más alto el 11 de abril, cuando manifestantes rompieron los vidrios del auto del presidente del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), Bernal Jiménez.
Grupos cívicos y sectores políticos adversos al gobierno lanzaron el grito al cielo debido a una serie de dudas en torno al contrato concedido por las autoridades gubernamentales a la firma extranjera, y al elevado costo por el pago de peajes incluido en el proyecto.
Las críticas principales van dirigidas hacia el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, quien antes de asumir el cargo había realizado una asesoría para OAS.
El martes, la presidenta relevó a Castro de las negociaciones que representantes oficiales realizan con grupos cívicos de San Ramón para tratar de alcanzar una salida al conflicto.
El pasado 11 de abril, cuando se festejó el día del héroe nacional Juan Santamaría, la policía colocó barricadas aislando al público del estrado donde la mandataria pronunciaría su discurso, en medio de encontronazos y roces con manifestantes.
El martes, estudiantes universitarios de San Ramón bloquearon durante varias horas la ruta para exigir la nulidad del contrato, en un proyecto cuya inversión supera los 500 millones de dólares.
El conflicto por la carretera se trasladó también esta semana hasta la Asamblea Legislativa, donde una comisión de diputados interpeló a Castro y a otras autoridades vinculadas al Ministerio de Transportes y a la Contraloría General de la República, institución que avaló la concesión a la empresa extranjera.
Al crecer las protestas como una bola de nieve, el mismo presidente del PLN dijo que ese contrato debe ser revisado, e igual posición asumió el alcalde de San José, y candidato por el oficialismo para las próximas elecciones, Johnny Araya.
El desasosiego de las comunidades de San Ramón y otros sectores del país se produce en momentos en que en el país se sienten los vientos políticos, a diez meses de las elecciones generales de 2014.
El gobierno de Chinchilla aún está resentido por el escándalo que estalló en torno a otro polémico proyecto, la construcción de una ruta paralela a la frontera con Nicaragua, que desembocó en graves denuncias por supuesta corrupción.
Las polémicas en torno a estos proyectos han golpeado aún más la de por sí deteriorada imagen de la mandataria, quien a partir del 8 de mayo iniciará el último de sus cuatro años de gestión presidencial.
Como salida de última hora, el gobierno solicitó hoy al colegio de Arquitectos e Ingenieros y a un laboratorio especializado de la estatal Universidad de Costa Rica que se sumen al diálogo y a estudios sobre el cuestionado proyecto de ampliación de la carretera a San Ramón.
El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, dijo que las autoridades gubernamentales están abiertas al diálogo con los sectores que adversan el contrato, pero que una eventual revisión del mismo será visto con cautela, ante el riesgo de que el Estado costarricense se enfrente a una demanda por parte de OAS.
El sistema de concesiones en Costa Rica es blanco de duras críticas, especialmente por la experiencia vivida con la construcción hace tres años de una carretera que comunica la capital con un puerto del pacífico, sobre el cual siguen brotando inumerables cuestionamientos. La construcción y administración de la ruta está a cargo de la empresa española Autopistas del Sol.
El país se enfrenta además actualmente a una amenaza de demanda por parte de una firma canadiense luego de que un tribunal anuló la concesión de un proyecto de explotación de minería a cielo abierto en la zona norte.
Sectores políticos opositores e independientes consideran que Costa Rica camina por la ruta de un modelo "neoliberal", una de cuyas tendencias es privatizar o entregar en concesión empresas y servicios estatales.
La oleada de protestas y reclamos, que engrosan la lista con marchas de taxistas y otras expresiones de descontento popular, se producen a escasas tres semanas de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realice una visita de dos días a San José.
La visita de Obama se mantiene en firme para el 3 y 4 de mayo, confirmó la embajada estadounidense y portavoces gubernamentales. /DPA