El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 27.300 dólares) por informaciones que permitan la captura de los autores de amenazas de muerte contra ocho periodistas de la norteña ciudad de Valledupar.
Santos dijo que ordenó a la Policía Nacional que envíe a un general a investigar las amenazas en Valledupar, capital del departamento de Cesar, y aseguró que los grupos armados que se oponen a su programa para devolver las tierras a los campesinos despojados "no se saldrán con la suya".
"En el día de ayer se conoció una noticia de unas amenazas a ocho periodistas en Valledupar. Supuestamente las amenazas provienen de un grupo que se autodenomina el Ejército Anti-restitución de Tierras, que está en contra del proceso de restituirle las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia", dijo el mandatario durante un consejo de gobierno.
Las amenazas contra los periodistas fueron denunciadas este martes por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto para darles medidas de protección.
Los periodistas, que trabajan en medios nacionales y locales, recibieron un panfleto firmado por el Ejército Anti-restitución de Tierras, que les advertía que tenían un plazo de 24 horas para salir de Valledupar porque fueron declarados "objetivo militar".
Los comunicadores, que trabajan en medios como el canal de televisión RCN, el noticiero de televisión CMI, Blu Radio y el diario "El Heraldo", entre otros, han informado en las últimas semanas sobre el proceso de devolución de las tierras.
Santos, que considera el programa de restitución como el más importante de su gobierno, ha dicho varias veces que una "mano negra" busca impedir que los campesinos despojados de sus tierras las recuperen.
Según Santos, detrás de las amenazas y asesinatos de varios líderes campesinos que reclaman las tierras están grupos armados vinculados con las extremas izquierda y derecha.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada por el Congreso a pedido del gobierno, pretende devolver cerca de dos millones de hectáreas a unas de 400.000 familias desplazadas antes del fin del actual período presidencial, en agosto de 2014.
El gobierno busca que la ley beneficie en total a cuatro millones de víctimas del conflicto armado desde el 1 de enero de 1985 y del desplazamiento forzado desde la misma fecha de 1991.
Jueves 9/5/2013