EFE
Representantes de organizaciones de periodistas de Ecuador expresaron su preocupación por los efectos de la ley de comunicación aprobada hace un año en ese país y criticaron las limitaciones que, a su entender, ha supuesto la norma para el ejercicio de la profesión.
Durante el foro "¿Censura o comunicación?" organizado por la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) y por la organización Fundamedios, expertos en comunicación y periodistas resaltaron el autocontrol que, según dijeron, han comenzado a ejercer muchos medios para evitar sanciones.
La ley de comunicación, aprobada en junio de 2013, es defendida por el oficialismo como mecanismo ante abusos de ciertos medios y considerada una "mordaza" por la oposición y sectores periodísticos.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, uno de los principales impulsores de esa norma, considera que en el país deben coexistir medios públicos y también medios privados, aunque sometidos a regulación para evitar lo que califica de excesos de la "prensa corrupta".
"Así como hay que controlar el poder político o el poder económico, hay que controlar el poder mediático", dijo hoy durante un encuentro con medios de comunicación en la ciudad costera de Guayaquil.
Con la entrada en vigor de la ley se han creado organismos como la Superintendencia de Información y Comunicación, con capacidad sancionadora y funciones de vigilancia, auditoría, intervención y control, y el Consejo de Regulación de Medios, con atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, entre otras.
El presidente de la Fenape, Marcelo Larrea, dijo en el encuentro que la ley es un "instrumento de vigilancia y castigo" que tiene por objetivo "la legitimación o deslegitimación artificial de posiciones y puntos de vista" y el establecimiento de "una visión unidimensional de la vida".
La consideró un instrumento de sumisión de los periodistas "y de la sociedad al poder constituido" e invitó a los ciudadanos a proteger el derecho a informarse y a expresarse, así como a "demandar la derogatoria" de las normas de la ley que, "al imponer la censura en diversas formas, lesionan estos derechos humanos".
Los participantes en el foro criticaron la posible consideración de la información como servicio público, tal como ha propuesto el presidente ecuatoriano en el contexto de una próxima modificación de la Constitución del país, y señalaron que existe una estrategia encaminada a establecer una agenda informativa basada en la política gubernamental.
El objetivo de todo ello es "neutralizar la información incómoda", señaló la vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, quien consideró que se pretende "construir una opinión pública" desde el poder.
Otro de los intervinientes en el foro, el jefe de informativos del periódico La Hora, Luis Vivanco, aseguró que en Ecuador "la sociedad está dejando de debatir temas importantes" y que en el país "ya no se investiga" en los medios, puesto que estos "están buscando los asuntos más frívolos de la información para evitarse problemas.
Pero Correa reiteró hoy su defensa de la ley, dijo que es "muy buena" y desmintió que incorpore la censura previa, al recordar que su artículo 18 la prohíbe expresamente.
El mandatario rebatió las críticas de sectores periodísticos que se han quejado de los expedientes abiertos en aplicación de la ley y señaló que "lo que pasa es que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana", pero ahora "tienen que rectificar cuando mienten".
En su opinión, los sectores críticos a la ley "han tenido que mentir para desprestigiar" la norma, lo que evidencia que no tienen argumentos.
Correa reiteró su satisfacción por esta ley y remarcó que "además va mucho más allá de los medios", ya que establece regulaciones sobre la profesionalización de los comunicadores y la producción cinematográfica y publicitaria nacional, entre otros aspectos.