EFE
El partido socialista (PSOE), principal grupo de la oposición, presentó hoy en el Tribunal Constitucional español un recurso contra la ley que limita la aplicación de la justicia universal en España y anunció que si llega al Gobierno será de las primera normas que derogue.
Tras presentar el recurso, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez, declaró a los periodistas que es una ley "aprobada con los únicos votos del PP" (Partido Popular, en el poder), que "ahoga, estrangula y destroza el principio de la jurisdicción universal en nuestro país".
Soraya Rodríguez añadió que la ley "vulnera de forma clara y flagrante el derecho a la tutela judicial y muchos artículos de la Constitución", como el que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y el que protege la independencia judicial.
Recordó que la disposición transitoria de la ley "obliga a los jueces y tribunales que tienen causas en virtud del principio de jurisdicción universal a cerrarlas".
Para la portavoz socialista, la ley "atenta contra los principios de persecución de los delitos más terribles contra la humanidad y genera que la impunidad de los criminales se extienda".
Advirtió de que España "ha estado a la cabeza en la defensa y en la aplicación del principio de jurisdicción universal y ahora se queda vergonzosamente a la cola de los países que no persiguen estos graves crímenes contra la humanidad y deja también a las víctimas españolas en una grave situación de indefensión".
La reforma de la justicia universal en España entró en vigor el pasado 15 de marzo y contó con el rechazo de toda la oposición parlamentaria.
Posteriormente varios jueces de la Audiencia Nacional así como distintos relatores de Naciones Unidas se unieron a las críticas contra la reforma, que incluía el sobreseimiento de las 12 causas que investigan los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional.
Entre las causas que lleva este tribunal están el supuesto genocidio chino en Tíbet y el de Ruanda en 1994, la muerte de seis jesuitas en 1989 en El Salvador, el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala en 1980 o la muerte de un periodista española en Irak en 2003 por disparos de militares estadounidenses.
No obstante, todas las causas continúan abiertas a lo que hay que añadir la polémica creada entorno a la excarcelación de 53 presuntos narcotraficantes extranjeros en cumplimiento de esta reforma, al haber sido apresados en buques fuera de las aguas territoriales españolas. EFE
2014-06-12