La Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) rechazó la petición de los abogados del ex dictador chadiano Hissène Habré de suspender el proceso contra él por crímenes contra la humanidad y tortura, informó Human Rights Watch (HRW).
La CEDEAO precisó que carece de competencias para suspender el juicio al exgobernante de Chad ante un tribunal especial creado en Senegal en virtud de un acuerdo firmado entre este país y la Unión Africana (UA), agregó la organización pro derechos humanos.
La defensa del exdictador, conocido como el "Pinochet africano" por asociaciones pro derechos humanos, alegaba que el tribunal especial carece de legitimidad para juzgar a Habré.
La Corte, por su parte, consideró que no tiene competencias para examinar la petición de los letrados de Habré dado que el tribunal especial ha sido creado por un acuerdo bilateral entre el Gobierno de Senegal y la UA.
Dicho tribunal acusó a Habré de crímenes contra la humanidad y de guerra y tortura, y ordenó su detención preventiva el pasado 2 de julio.
"La decisión de la Corte de la CEDEAO significa que el expediente puede seguir, ir hacia un proceso equitativo que marcará un viraje decisivo para la justicia en África", comentó Reed Brody, portavoz y asesor jurídico de HRW.
El exdictador ha sido acusado como responsable de persecuciones étnicas llevadas a cabo en 1984, 1987 y 1989 que habrían causado 40.000 muertos, en su mayoría víctimas de torturas y ejecuciones sumarias.
El exgobernante llegó como refugiado político a Senegal procedente de Camerún en 1992.
Dos años antes había tenido que abandonar precipitadamente Yamena, la capital de Chad, bajo el ataque de los rebeldes encabezados por el actual presidente del país, Idriss Deby.
En julio de 2006, la UA ordenó a Senegal que procesara a Habré.
Para cumplir con este mandato, Senegal inició en 2007 una serie de reformas constitucionales para levantar los obstáculos jurídicos al proceso.
El Parlamento de Senegal aprobó en febrero de 2007 una ley que le permite juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad y también de torturas, aun cuando los delitos hayan sido cometidos fuera del país./EFE