Aunque los uruguayos pueden jactarse de tener una de las tasas más bajas de delitos de Latinoamérica, su percepción de la inseguridad es la segunda más alta de la región por detrás de Venezuela, la principal preocupación de sus ciudadanos y un tema central del debate político nacional.
Según el Latinobarómetro 2013, realizado a más de 20.000 personas en 18 países y presentado a principios de mes en Lima, los venezolanos son los que en mayor grado consideran esta cuestión el problema más importante del país (47 %), seguidos de los uruguayos (36 %), y los argentinos y peruanos (35 %).
En otro informe, titulado "Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina" y divulgado el martes en Nueva York por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Uruguay sobresale también en la "percepción de deterioro de la seguridad", con el 55,2 % de respuestas, únicamente superado por República Dominicana (64,8 %), Venezuela (58 %) y México (55,9 %).
Además, aunque el estudio sitúa a Uruguay entre los países que tienen "tasas relativamente bajas de delitos", al lado de Chile, Costa Rica y Panamá, también advierte que en esas naciones "la inseguridad se ha convertido en el tema de mayor preocupación ciudadana".
En otras cuestiones llamativas, como el porcentaje de población que tendría un arma de fuego para su protección, el estudio sitúa a Uruguay igualmente entre los más bajos, con el 28 %, frente al 38 % de promedio y al 60,5 % de la República Dominicana.
¿Cómo se explica entonces la angustia ciudadana por la delincuencia?
En el informe del PNUD sorprende que apenas el 19,76 % de los uruguayos diga haber sido objeto de robo con violencia, el segundo porcentaje más bajo de la región, pero el país lidere el porcentaje de víctimas de robo sin violencia, con el 64,31 %.
Los analistas uruguayos consideran también importante en la ecuación la pérdida de la idílica tranquilidad de que gozó esta pequeña nación de 3,3 millones de habitantes durante muchas décadas del siglo XX, así como la influencia que han tenido en el tema los medios de comunicación en los últimos años.
De igual forma, según una encuesta de la consultora Factum de la semana pasada, el 62 % de la población califica de "negativo" el "desempeño del Gobierno en seguridad pública" y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es uno de los más vapuleados del gabinete del presidente José Mujica, del bloque izquierdista Frente Amplio.
Los últimos datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, dependiente de ese ministerio, son también claros.
Indican que el número de homicidios del primer semestre de 2012 fue un 62 % superior al registrado en el mismo período de 2010 (de 125 a 163), el número de violaciones también creció en un 48 % (de 132 a 162) y lo mismo pasó con el de rapiñas (robo con violencia), que lo hizo en un 12 % (de 7.953 a 9.500).
Por contra los llamados copamientos (robo con secuestro temporal) descendieron en un 37 % (de 77 a 59) y los hurtos en 2,5 % (de 57.246 a 55.792), agrega el observatorio, cuyo trabajo solo "abarca los hechos denunciados a la Policía por la población o descubiertos durante la actividad de funcionarios policiales".
Tampoco ayudan casos como el de los dos adolescente de 12 y 14 años que a finales de octubre asesinaron a un niño de 11, un suceso que sorprendió por la frialdad y saña de los asesinos y que no es el primer crimen perpetrado por menores de edad de áreas marginales que causa estupor en la opinión pública.
Aunque según el Poder Judicial uruguayo, tan sólo el 4,5 % de los delitos es cometido por personas de menos de 18 años, la oposición ha colocado a este grupo de edad en el epicentro del problema, en parte por las dificultades para que cumplan las penas y para reinsertarlos luego en la sociedad.
Los partidos opositores Colorado y Blanco han logrado introducir el tema en la campaña para las elecciones generales del próximo año, tras recoger las firmas suficientes para que el día de la votación los ciudadanos opinen también en un plebiscito si desean endurecer las leyes penales juveniles y rebajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.
La inseguridad es, asimismo, el factor que ha motivado el proyecto de ley impulsado por Mujica para despenalizar la producción y la venta de marihuana.
Con esta iniciativa, que ha sorprendido al mundo entero, el oficialismo pretende arrebatarle al narcotráfico el negocio de venta de esa droga, cuyo consumo ya es legal. EFE