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HRW pide detener censura a medios venezolanos

Viernes, 11 de enero de 2013 a las 07:30 pm
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Venezuela debe detener la censura e intimidación a los medios que retan la línea oficial sobre asuntos como la salud del presidente Hugo Chávez y su juramentación, indicó la organización Human Rights Watch (HRW).

Con el paso de los años "el gobierno de Chávez ha construido un régimen legal que le permite censurar y castigar a sus críticos, en una clara violación de normas internacionales", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

El gobierno ahora "está usando esas leyes para limitar la discusión pública sobre asuntos de interés nacional", agregó Vivanco, citado en un comunicado del grupo.

En los últimos días, recordó HRW, el gobierno ordenó a una televisora suspender la transmisión de uno de sus micros informativos que se refería a la interpretación del artículo constitucional referente a la juramentación de un presidente electo. Además, agentes de inteligencia allanaron la casa de un bloguero y se llevaron computadores por sospechas de que era el autor de mensajes en Twitter, los cuales cuestionaban información oficial sobre la salud del presidente.

El pasado 9 de enero, el oficial organismo regulador del sector de telecomunicaciones venezolano, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un nuevo procedimiento administrativo o investigación para imponer eventuales sanciones contra el canal de noticias Globovisión, el único canal privado crítico del gobierno.

El director general de Conatel, Pedro Maldonado, ha dicho que el ente regulador acordó abrir el proceso a Globovisión por presuntos "ilícitos administrativos" previstos en la ley que regula el sector y que prevé que "los prestadores de radio y televisión no podrán difundir elementos que generen zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, que atenten contra la estabilidad del sistema democrático, elementos que vayan contra las autoridades legítimamente constituidas, o aquellos que generen odio e intolerancia por razones políticas y religiosas".

Maldonado ha dicho que el proceso administrativo tiene que ver con una serie de mensajes transmitidos por Globovisión, "con grabaciones de alocuciones de tomas de posesiones del presidente de la República, la alocución del presidente del 8 de diciembre, con el artículo 231 de la Constitución" o el artículo que se refiere a la fecha para la asunción de un presidente electo.

Según el gobierno, Globovisión, cuyo más reciente proceso fue el octavo que le abre Conatel en los últimos años, manipuló la información al no publicar en sus mensajes el texto completo del artículo. El medio podría ser sancionado con una multa que ascendería "hasta el 10 por ciento de los ingresos brutos percibidos por el canal de noticias en el ejercicio fiscal del año anterior", o "72 horas de cierre", según ha dicho Maldonado.

El domingo 6 de enero, entre las 5:30 y 6:00 de la tarde en la ciudad central de Valencia, agentes de inteligencia se presentaron en la casa de Federico Medina Ravell, primo de Alberto Federico Ravell, ex director del canal de noticias Globovisión, según ha dicho la abogada Isabel Grisanti.

La abogada ha explicado que los agentes se presentaron con una orden de un tribunal de control de Valencia para allanar la casa por presunta comisión de delitos informáticos y tenencia de armas.

No encontraron armas, se llevaron dos computadores y no hubo ningún incidente ni los maltrataron, según la abogada, que es amiga de la familia. Medina Ravell no estaba en su casa y se encuentra fuera de Valencia desde hace al menos nueve meses, de acuerdo con la abogada, quien ha dicho desconocer el paradero de Medina Ravell. En la residencia estaba la esposa e hijos de Medina Ravell, agregó.

La abogada no sabe qué razones llevaron al servicio de inteligencia a tal acción, pero medios de prensa locales han dicho que se debe a que buscan a autores de mensajes en Twitter sobre el caso de la salud del presidente.

HRW dijo que no había nada en el contenido de los mensajes transmitidos por Globovisión "que remotamente pueda describirse como incitación o una amenaza al orden público". /AP