La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a una solicitud urgente del gobierno federal para reanudar las deportaciones de migrantes hacia destinos considerados riesgosos, como Sudán del Sur.
La decisión permite que estas expulsiones se realicen sin la obligación de notificar previamente a los migrantes ni ofrecerles la oportunidad de presentar argumentos o temores relacionados con torturas o abusos en esos países, indicó Infobae.
La resolución bloquea temporalmente una orden emitida por el juez federal Brian Murphy, que requería al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informar con antelación a los migrantes sobre sus destinos y permitirles invocar temores de tortura o persecución.
La decisión no fue acompañada por explicaciones oficiales por parte del tribunal, pero contó con el rechazo explícito de las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor calificó el fallo como una “recompensa a la ilegalidad”, acusando al gobierno anterior de desobedecer fallos judiciales previos y poniendo en riesgo derechos fundamentales.
Antecedentes por interpretación de la medida
El centro del conflicto jurídico radica en la interpretación de la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos en 1994. Esta convención prohíbe expresamente la deportación a países donde exista riesgo real de tortura o tratos inhumanos.
Sin embargo, el acuerdo deja ciertos márgenes ambiguos respecto a cómo aplicar esas protecciones y qué derechos procesales deben garantizarse a los migrantes antes de su expulsión.
Mientras tanto, la Corte ha mostrado una tendencia favorable a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump en varias ocasiones recientes. Hace unas semanas, respaldó decisiones para terminar con el estatus de protección temporal para venezolanos y limitar programas humanitarios para cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Sin embargo, también ha establecido límites cuando considera que ciertos procedimientos vulneran derechos constitucionales básicos; por ejemplo, bloqueó intentos anteriores de deportar migrantes sin proceso legal bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
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