El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudó esta semana las deportaciones a terceros países, enviando a cinco inmigrantes detenidos a Esuatini, una pequeña nación del sur de África que no tiene conexión alguna con sus nacionalidades de origen.
Este controversial vuelo marcó el reinicio de una política que permite expulsar a migrantes a países que no sean los suyos, incluso sin garantías de seguridad para los deportados, destaca NBC News.
Según detalló Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, los cinco hombres deportados provenían de Vietnam, Laos, Jamaica, Cuba y Yemen y tenían antecedentes penales por delitos graves como asesinato y agresión sexual.
McLaughlin justificó la medida señalando que sus países de origen “se negaron a aceptarlos de regreso”, razón por la cual se eligió a Esuatini como destino. Sin embargo, las autoridades del país africano no han emitido comentarios públicos sobre el caso.
Esuatini, un país desconocido para los deportados
Esuatini, antes conocida como Suazilandia, es una monarquía enclavada entre Sudáfrica y Mozambique, con una superficie menor a la del estado de Nueva Jersey.
No está claro si los hombres permanecen bajo custodia en ese país. Lo que sí se sabe es que la reactivación de esta política se enmarca en un contexto legal tenso, luego de que la Corte Suprema autorizara en junio al gobierno a proceder con estas deportaciones aceleradas.
En casos anteriores, vuelos similares han sido desviados o bloqueados por problemas diplomáticos.
Uno de ellos, con destino a Sudán del Sur, terminó con los deportados retenidos en Yibuti tras un litigio.
ICE acelera las expulsiones sin garantías de protección
La nueva guía del ICE permite que, en ciertas circunstancias, un migrante pueda ser deportado en tan solo seis horas a un país que no es el suyo, sin que existan compromisos firmes del país receptor respecto a su integridad física.
Aunque el protocolo indica que los agentes deben remitir a evaluación a quienes expresen temor, el memorando también deja abierta la puerta para enviar a la persona a otro país distinto al señalado.
Según activistas y juristas, esta estrategia vulnera el principio de no devolución, que impide enviar a alguien a un lugar donde pueda ser perseguido o torturado. El DHS insiste en que actúa dentro del marco legal vigente.
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