El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes un conjunto de medidas restrictivas dirigidas a la población migrante en situación irregular.
Durante su intervención, el mandatario fue tajante al señalar que el Estado chileno limitará al mínimo los beneficios para quienes no tengan su documentación en regla, enfocándose en desincentivar la permanencia de extranjeros sin residencia.
Restricción total de servicios y beneficios
El Ejecutivo chileno informó que la única excepción en la asistencia estatal será la atención médica de emergencia. "No vamos a darle ningún beneficio salvo en el tema de salud; entendemos que alguien puede sufrir una herida grave que necesite una atención médica urgente, solo eso van a tener", sentenció Kast.
Las nuevas directrices incluyen prohibiciones estrictas en el ámbito civil y laboral:
- Vivienda: Se prohibirá el arrendamiento de inmuebles a personas en situación irregular.
- Empleo: Ningún ciudadano sin papeles podrá trabajar legalmente en Chile.
- Fiscalización Sanitaria: Se iniciarán operativos contra el hacinamiento y "arrendadores inescrupulosos" que lucran con piezas y camas a altos costos.
Bloqueo de remesas y plazo de salida voluntaria
Una de las medidas más polémicas es la prohibición de enviar dinero al exterior para quienes no posean residencia regular. "No va a haber más remesas al extranjero de alguien que no tenga una residencia regular en Chile", afirmó el presidente, cortando así una de las principales fuentes de sustento de las familias de migrantes en sus países de origen.
Ante este nuevo escenario, el Gobierno de Kast otorgó un plazo de 133 días para que los extranjeros en situación irregular decidan su futuro:
“Las personas tendrán que optar si se van libremente con todos sus recursos; nosotros no queremos retener ningún recurso de alguien. Si alguien tiene ahorros o bienes, tiene este plazo para definir si quiere partir con todas sus cosas o con lo puesto”, advirtió el mandatario.
Kast subrayó que estas decisiones forman parte de un plan articulado entre diversos organismos del Estado para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad sanitaria.