Redacción 2001
La comisión parlamentaria especial que investiga la masacre de El Junquito, determinó, en un informe preliminar, que en los cadáveres de los sietes asesinados hay un común denominador que permite hacer conjeturas sobre la actuación de los funcionarios de seguridad que actuaron en el operativo.
“En los certificados de defunción, los seis varones tienen registrados tiros en la cabeza, en algunos casos múltiple, otros con disparo único. Mientras que la fémina presentó un tiro en la cervical pero también a la cabeza. Hay un patrón de conducta y eso vaticina el ajusticiamiento”, dijo Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de política interior y miembro de la comisión que lleva el caso.
Solórzano solicitó se haga una autopsia a cada uno de los cadáveres. “La autopsia de cada uno de los caídos en el asesinato de Óscar Pérez, Daniel Soto, Abraham Lugo Ramos, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Ramírez es la única que nos indicará la verdad sobre este hecho”, manifestó.
“En harapos”
Solórzano confirmó que todos los cuerpos fueron reconocidos por sus familiares antes de ir al Cementerio del Este y antes de ser sepultados “con harapos y no con la ropa que llevaron sus seres queridos”.
“Los masacraron, secuestraron sus cuerpos y los vistieron con harapos y asi fueron sepultados sin la autorización de sus familiares”, acotó.
Afirmó que en la morgue de Bello Monte se les informó que Lisbeth Ramírez no estaba embarazada. “Por eso no querían que nadie manipulara los cadáveres. Pero los familiares vieron los cuerpos, por eso es importante que estas dudas las pueda aclarar un forense”, insistió.
Confirmó que las autoridades “querían cremar los cuerpos” y agradeció el apoyo de los familiares y de personal de la morgue que presionaron para que no se cremasen. Añadió que el Estado debe resguardar los cuerpos enterrados para que se realice la autopsia y no sean exhumados ni se profanen las tumbas.
Indemnización
La diputada expresó que desde la AN solicitarán una indemnización para todos los hijos y familiares de los caídos en la masacre. “Todos los niños hijos de los masacrados deben ser indemnizados por obligación del Estado así como a la viudas”, apuntó.
Persecución
Denunció que “hay serias amenazas contra varios familiares de los asesinados en El Junquito, amigos cercanos, incluso de empleadores de las personas asesinadas. Ellos requieren protección (…) Ha habido allanamientos, lesiones graves, tortura” y “31 detenciones arbitrarias”.
2018-01-22