EFE
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) prorrogó este martes 30 de enero por 60 días las tareas de la comisión especial que investiga el operativo policial que finalizó con siete sublevados contra el Gobierno abatidos el pasado 15 de enero.
"El tiempo de prórroga sería de unos 60 días más (…), para prorrogar el tiempo de actuación de la comisión especial y en ese momento analizaremos las conclusiones", anunció el presidente del Legislativo, Omar Barboza, durante la sesión ordinaria del Parlamento.
El 15 de enero el grupo de alzados encabezados por el exintegrante de la policía científica Óscar Pérez fue acorralado en una casa en la zona de El Junquito, al noroeste de Caracas, lugar desde el que se sirvió de las redes sociales para informar que deseaba negociar su entrega a las autoridades.
El operativo de las fuerzas de seguridad acabó con la muerte de todos los integrantes del grupo señalados como "terroristas" por el Gobierno y de dos funcionarios policiales.
Pérez se rebeló contra el Gobierno en junio pasado, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con un helicóptero policial y contra el que disparó y arrojó granadas sin causar heridos o muertos.
Desde entonces, ya en la clandestinidad, grabó varios vídeos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno de Maduro.
Tras su muerte y la de su grupo, calificada por varios sectores de la oposición como "asesinato" y "masacre", los cuerpos tardaron varios días en ser entregados a los familiares, quienes, acompañados de diputados opositores, denunciaron presiones para que permitieran que los cuerpos fueran quemados.
Una de esas diputadas fue Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión especial, que hoy informó de que las investigaciones del equipo que encabeza fueron presentadas en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Solórzano denunció ante el Parlamento, de mayoría opositora, que han solicitado información para su investigación a varios organismos, entre ellos a la Defensoría del Pueblo y que no han recibido respuesta.
Entre ellas la petición para que se entregue el listado de los funcionarios que participaron en la operación "para determinar a los autores materiales".
Por su parte el diputado Winston Flores denunció que las autoridades se niegan a entregar el informe forense porque "forma parte del encubrimiento macabro que tiene el régimen para ocultar esta ejecución extrajudicial".
"Lo que está sucediendo es todo un tema de encubrimiento (…)- Esto fue un decreto de pena de muerte a estos siete venezolanos que estaban entregándose", agregó.
Para Flores, que también forma parte de la Comisión especial, existen tres "grandes verdades" en el caso de los abatidos y que son "imposibles de encubrir".
"Los vídeos diciendo que se querían entregar (…), el secuestro de los cuerpos para enterrarlos como le diera la gana a este régimen y (…) estas siete actas de defunción" donde se informa de que la causa de la muerte fue "por herida de arma de fuego en el cráneo causando fractura".
"Las siete actas tiene la misma huella, el mismo disparo, pareciera un ‘copy y paste’ (copia y pega). Vuelvo a ratificar, la causa de muerte es la pena de muerte", sostuvo.
2018-01-30