El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la destitución de funcionarios corruptos y nuevas detenciones.
Durante su participación en la instalación de la Comisión Nacional para la reforma de Justicia Penal, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Cabello ofreció un balance contundente sobre la lucha contra la corrupción dentro de los organismos de seguridad del Estado.
Al respecto, informó que, hasta la fecha, se ha procedido con la destitución de más de 12 mil funcionarios policiales en todo el país.
Precisó que estas medidas responden a la detección de actos de corrupción que atentan contra la integridad de las instituciones y la seguridad de la ciudadanía.
Extorsión en alcabala
Por otra parte, Cabello denunció un hecho ocurrido durante la de este miércoles en el estado Lara.
Cuando presuntamente un ciudadano reportó haber sido detenido en una alcabala por funcionarios que procedieron a quitarle su dinero de forma ilegal.
Tras la denuncia, confirmó que los responsables a quienes señaló de "no merecer llamarse policías" ya se encuentran detenidos y puestos a la orden de la justicia.
Cabello enfatizó que el Gobierno nacional no permitirá que los puntos de control o las funciones de seguridad sean utilizados para el beneficio personal o el amedrentamiento del pueblo.
Limpieza en tribunales y fiscalías
Del mismo modo, reveló que también han sido destituidos y detenidos una cantidad importante de jueces y fiscales que retrasaban los procesos o actuaban al margen de la ley.
"La justicia no era ni a tiempo ni era justa", afirmó, señalando que estas fallas sistémicas permitían que el "reciclaje" de delincuentes continuara afectando a la sociedad.
Adiós al control de los "pranes"
También explicó que se ha corregido la situación donde los reclusos debían pagar a estos sujetos para acudir a sus audiencias, y que los responsables de estas prácticas ahora están bajo un régimen especial de reclusión.
Destacó que, cumpliendo con la Constitución, se ha logrado que más del 30% de los detenidos sean juzgados en libertad, siempre que la ley lo permita.
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